El 13 de junio de 2023 la Comisión Séptima debatía la reforma pensional que tenía un escenario difícil en esa cámara. En la sesión estaba la ministra de Trabajo y todos los congresistas que estudiaban artículo por artículo el cambio del sistema solidario más importante del país.

La Comisión, como era rutinario, estaba grabando la transmisión de televisión del debate. En un momento apareció un funcionario sin explicación, entró al salón de sesiones, se sentó en una de las sillas de los congresistas y comenzó a ver su celular.

La actitud del alto funcionario del Gobierno era como la de una persona que está en un lugar sin querer estar allí y lo hace solo por obligación. Era Olmedo López. El entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres se sentó en una silla entre las honorables senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta.

Estuvo allí poco tiempo pero sentado en una de las sillas de los congresistas. Miraba con sus gafas puestas cuidadosamente el celular que no perdía un segundo de atención. ¿Qué estaba haciendo el jefe de la Ungrd en un debate de la reforma pensional?, ¿quién autorizó su acceso al Congreso?, ¿qué estaba hablando por celular?, ¿quién le dio la orden de asistir a ese debate?

Esas son algunas de las preguntas que la senadora Martha Peralta debió responder el pasado viernes mientras la Corte Suprema de Justicia le realizaba una indagatoria en su caso. Fue conducida por policías por orden de la magistrada Cristina Lombana.

Luego de la presencia de Olmedo en la famosa Comisión, a su celular llegaron proyectos de infraestructura en un cuadro de Excel. Uno era para Meta y otro para Casanare. Las senadoras le enviaron los proyectos sin ninguna razón porque no estaban en sus regiones.

Lo que ocurrió en esa Comisión es absolutamente absurdo y probablemente un bárbaro hecho de corrupción.

Es casi seguro que nada pase con Peralta, quien recusará a Lombana por cualquier razón. El problema de la magistrada es que sus colegas de la Sala de Instrucción no la tienen en estima por una guerra interna que ya cumple 8 años y que tuvo en el escenario expedientes pesados como los de Uribe y Benedetti.

Peralta es una de las congresistas que hasta ahora se ha salvado de la Ungrd. Pero en su caso hay pruebas contundentes. Los senadores y representantes deben entender que pedir contratos a cambio de votar favorable o desfavorable proyectos del gobierno es corrupción. Y no debería haber más excusas ni atajos para no perseguir y condenar a los corruptos.