En la poderosa financiera estatal podría estar escondiéndose otro de los gigantescos escándalos del Gobierno. Desde hace más de dos años he escrito revelando contratos cuestionables en Findeter y movidas siempre cercanas al grupo de congresistas del Partido Liberal que se consolidaron con un poder evidente en la Comisión Séptima de Cámara y Senado. Qué gran casualidad los votos de las llamadas “Sin Piedad” en el Atlántico.

El expresidente Juan Carlos Muñiz, cercano a la congresista Jezmi Barraza por las relaciones con su padre en ese departamento, le dio un manejo difícil a la entidad, que tiene recursos multimillonarios, superando el billón de pesos anual.

Findeter se dedica a entregar créditos y manejar recursos de otras entidades centrales para proyectos ambiciosos de infraestructura. Esta semana publicamos una investigación más en La FM sobre un contrato que se definió a finales de enero pasado. La historia es impresionante. El contrato es para construir vías en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, en municipios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y actores armados. Difícilmente esas vías se construirán con semejantes alertas en la contratación inicial.

La primera convocatoria sucedió en diciembre. La licitación se abrió, pero se canceló luego de por lo menos cinco adendas porque los proponentes no lograron entregar los documentos necesarios. Luego se abrió una segunda licitación y se declaró desierta porque algunas de las empresas aportaron certificaciones bancarias y de experiencia falsas. Nada más y nada menos.

En un mismo día, a pocas horas del inicio de la ley de garantías, los directivos de Findeter decidieron abrir una contratación directa y escoger a dedo a un consorcio que tiene, a su vez, una relación con una de las empresas descalificadas por los documentos falsos. $18.000 millones para comprar maquinaria pesada (volquetas, buldóceres, motoniveladoras, retroexcavadoras, etc.) se entregaron en unas pocas horas a un consorcio que apareció como por arte de magia para cumplir los requisitos antes de que iniciara la ley de garantías.

El problema es que DiNissan se dio cuenta de que en ese proceso se presentó otra carta de certificación de experiencia a su nombre que la compañía automotriz nunca originó. Otro documento espurio.

Findeter me respondió que se dieron cuenta tiempo después de la primera certificación presuntamente falsa. La habían hecho pasar como veraz a nombre del Banco de Bogotá; el propio banco lo desmintió. Por estos hechos radicaron una denuncia penal contra uno de los proponentes iniciales, pero nunca lo dijeron públicamente y, por el contrario, avanzaron en la licitación exprés que terminó beneficiando a esa misma compañía. ¿De quién es esa empresa? Varias sorpresas.

Luego de la publicación, he recibido el testimonio de varias fuentes con nueva información sobre lo que ha pasado en los últimos meses en Findeter. Les digo que lo que ha sucedido en esta entidad es más grande que el caso de la Ungrd.

Próximamente revelaremos nuevas evidencias gravísimas de un capítulo más de corrupción que tiene a muchos temblando. También me han advertido que es peligroso. La investigación no se detendrá. Muchas personas deberán dar explicaciones serias.