Esta semana el director de la Policía, Henry Sanabria, dio una noticia estremecedora. En enero no hubo una sola hectárea de coca erradicada en Colombia. No hubo una sola mata de coca erradicada durante el mes pasado, para ser más claros.

El general Sanabria explicó que no hubo vigencias futuras disponibles para los programas de erradicación, pero en enero de 2022 fueron erradicadas 2.982 hectáreas, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Defensa. Señor presidente, si la tendencia no se corrige (la Policía bajó la meta de erradicación año en 30.000 hectáreas) su Gobierno podría pasar a la historia como el de más crecimiento de cultivos de coca, lo cual lo dejaría en cualquier escenario en aprietos con el presidente Biden y los Estados Unidos.

En el fondo su propuesta en la política de drogas tiene sentido. Es verdad y está probado que el país lleva décadas enteras con una apuesta de lucha contra las drogas que no ha arrojado los resultados deseados y sí, en cambio, ha desatado una ola de violencia en la que los más perjudicados son los eslabones más débiles de la cadena; campesinos que no tienen opciones de vida en las zonas dispersas y quedan sometidos a la única lógica posible para sobrevivir en medio del cruce de hombres con fusiles caminando por sus fincas. Algunos llevan banderas en los brazos y declaman discursos románticos sobre la liberación y otros simplemente hablan de oro y camionetas de alta gama.

Está bien querer proteger a esos campesinos, indígenas, mujeres y afro que no tuvieron nunca opciones de vida y la única aproximación con el Estado ha sido a través de la fuerza pública para erradicar sus cultivos. El problema, señor presidente, es que no todo puede ser “buenismo” y bondad porque en la práctica podríamos trascender aún más en un país paria por los mares de coca en el Cauca, Nariño o Norte de Santander. Su decisión de cambiar la lucha contra las drogas, como en todos los temas, debe llevar una transición equilibrada que permita cuidar a los eslabones más débiles y ofrecerles alternativas de Estado, garantizando que frenen los cultivos para usos ilícitos. De lo contrario, sus planes para corregir el rumbo en política de drogas serán un idilio y nada más.

Otra de las declaraciones que generan ansiedad son las del director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de uso Ilícito, Felipe Tascón. Lo que dijo Tascón hace unas semanas a El Tiempo es que los narcotraficantes se han profesionalizado tanto en el tema de la producción que hoy incluso no están comprando la coca que está cultivada en varias regiones porque hay una “sobre oferta”. Lo que tenemos entonces, señor presidente, es un mar de coca que cerró el 2021 con 204.000 hectáreas, según Naciones Unidas, a falta de las cifras de 2022 y lo que está pasando este año con un abandono directo de la erradicación.

Su intención es buena, tal como en la salud o en la reforma a las pensiones. Pero el problema es que los sueños inspiradores del corazón no cambian la realidad. Los cambios basados en expertos, análisis técnicos y una ejecución ordenada de los planes de Gobierno, sí. En las últimas semanas las disidencias de las FARC atacaron a una unidad del Ejército en Huila; un francotirador asesinó a un policía en Sardinata y no hay ninguna señal de que el ELN haya dejado de narcotraficar y operar la minería ilegal en Colombia y Venezuela.

Los narcos tienen un proyecto de ley de sometimiento que les ofrece quedarse con el 6 % de sus fortunas a cambio de 6 a 8 años de cárcel, entendiendo cómo manejan las cárceles los delincuentes adinerados en Colombia, y las disidencias de las FARC se encuentran frente a una bandeja servida para renegociar acuerdos de paz. Su comisionado ha estado designando paramilitares como puente con organizaciones criminales, lo que les ha generado escandalosos beneficios. Pero en el país no conocemos hasta ahora los resultados concretos de tanta bondad con los narcos responsables del desangre.

La hoja de coca puede tener una industria legal y alternativas de uso; el Estado puede comprarles los cultivos a los campesinos y darles beneficios a los narcos para que dejen el negocio. La realidad es que la cocaína seguirá siendo perfectamente rentable y si no hay acciones operativas de la Fuerza Pública que se equilibren con la transición en el enfoque, Colombia seguirá siendo una fábrica de dinero fácil y violencia. Con la diferencia de que ahora podríamos estar hablando de las cifras más altas de cultivos sembrados en muchos años.

Por último, señor presidente, no le queda bien al Gobierno buscar cesar una orden de captura para un asesino que atentó contra la vida de un presidente. Es un terrible mensaje para los enemigos de su Gobierno que tienen armas y poder. Quien quiera atentar contra la institución presidencial en Colombia debe terminar en la cárcel sin bemoles, así se trate de un presidente que fue su rival en la política. Imagínese usted que el Black Hawk que usa de ruta la señora vicepresidenta de su casa al trabajo, fuese impactado por disparos de fusil. Hay que ponerle límites a la bondad.