Riesgo de violencia

La situación actual de Colombia es quizás la más preocupante de los últimos años. Hay varios hechos que indican que en el país podrían desatarse más situaciones de violencia grave. Lo primero, es que es indudable que los grupos armados han recuperado territorios que no tenían, bien sea por ofensiva de las Fuerzas Militares en el Gobierno anterior, o por el engrosamiento de sus filas debido a la falta de implementación de los acuerdos de paz en el anterior y en el actual gobierno, aunque el presidente Petro diga lo contrario.

Lo segundo es que hemos llegado al extremo de polarización más temerario. La conversación política lo confirma, el tono del Gobierno lo corrobora y decisiones de ubicar en cargos estratégicos a personas como Alfredo Saade lo interpretan. Saade es quizás la persona más extremista que ha tenido un gobierno colombiano en un cargo tan importante.

Su discurso de todos los días es contra todas las instituciones: el Banco de la República, el Congreso, las cortes, los medios de comunicación y la oposición.

Y, del otro lado, hay expresiones violentas sumamente preocupantes como la que hizo Abelardo de la Espriella frente a “erradicar y destripar a la plaga de la izquierda”.

En medio de ese ruido de los gritos que no permiten ningún punto medio, la violencia ya no es una amenaza ni una alerta sino una horrible realidad. La familia de Miguel Uribe continúa todos los días esperando que el milagro se complete.

Como este país va a una velocidad que hace que todo y nada sea importante por un pequeño periodo mientras algo más ocurre, la historia de Uribe parece haberse normalizado. Pero es imposible olvidar que uno de los aspirantes a la Presidencia recibió dos disparos de un sicario que quería matarlo y por una razón inexplicable no pudo.

Y ahora Álvaro Uribe. La juez Sandra Heredia, quien habló en la lectura de sentido de su sentencia de “funciones teatrales, la providencia, ángeles, vaqueros” en una ironía bastante cuestionable para la administración de justicia, le ordenó al expresidente una detención inmediata y una condena de 12 años de prisión domiciliaria, sin que haya obrado todavía la segunda instancia. Mi posición como periodista es objetiva y de respeto institucional frente al caso- no creo que puedan caber otras posiciones- pero el análisis detallado sí indica que esta última decisión pudo ser excesiva.

Luego, la realidad de Colombia en el último año del Gobierno Petro es la siguiente: un candidato presidencial herido de muerte por un atentado terrorista; la mayor producción de cocaína de la historia; la mayor producción de cultivos ilícitos de la historia; el crecimiento de las masacres a líderes sociales, desplazamientos y homicidios por razón del conflicto; el aumento general de hombres en armas en grupos armados ilegales y con ello su control territorial; el aumento del sicariato en ciudades capitales; una campaña presidencial en su máximo de polarización a partir de insultos y llamados violentos; la representación oficial del Gobierno gritando que hay que cerrar toda institución que cuestionen o decidan algo que al presidente no le gusta; y un expresidente con una gran representatividad y legado condenado en primera instancia a prisión domiciliaria.

En su primera enredada alocución una vez se conoció el atentado contra Miguel Uribe, el presidente Petro asumió que debía moderarse el lenguaje de la discusión política. Pues eso no ocurrió. Hoy los periodistas estamos expuestos, los candidatos están expuestos, los ciudadanos lo están también. Los jueces y los magistrados.

La pregunta es qué va a hacer el presidente con seriedad para evitar más violencia. Un buen paso debería ser el detener la espiral de confrontación en sus palabras como representante del país y su deber de cohesionar a la sociedad. Son palabras al viento. Petro ya cumple tres años en la irreverencia más irresponsable acusando a todos quienes se permitan cuestionarlo a él, a su Gobierno, sus funcionarios, o su hijo Nicolás en prejuicio por lavado de activos.

Ojalá no haya más violencia. Falta un año para la transición de Gobierno y parece realmente la época más difícil del país desde los noventa.