Pocas entidades tienen acceso a recursos multimillonarios como la Fiduprevisora. Su nombre es confuso para muchos colombianos, pero no para los políticos interesados en jugar al poder y al dinero. La Fiduprevisora tiene una jerarquía administrativa sobre el Fondo del Magisterio (Fomag) y hace parte del Grupo Bicentenario, ese holding de empresas públicas que maneja billones y billones de pesos anuales entre presupuesto y utilidades, bajo un esquema de juntas en el que siempre tiene un poderoso asiento el ministro de Hacienda de turno.

La Fiduprevisora tiene acceso a recursos de la Ungrd para atención de desastres y a bolsas de recursos para realizar contratos y convenios interadministrativos.

En mayo pasado, el ministro de Hacienda posesionó a Andrés Salcedo Monsalve como su presidente. El señor Salcedo es abogado con magíster en Derecho de la Universidad Externado. En la presentación de su hoja de vida, al momento de la posesión, señalaba que tenía 13 años de experiencia en “planeación, negociación, ejecución, gestión, contratación pública y privada y en el manejo de recursos públicos”.

Su hoja de vida es intachable. Lo que no fue tan intachable fue el manejo que le dio a la entidad en los últimos meses del Gobierno. Esta columna tiene en su poder varios convenios para la transferencia de presupuesto desde el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, administrado por la Fiduprevisora. Uno de ellos establecía el giro de recursos millonarios para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender. El documento es del 18 de junio pasado y tenía cobertura en ocho departamentos, apenas unos días antes de la segunda vuelta presidencial.

Pero otro convenio fue firmado por el señor Salcedo el 16 de junio con la misma estrategia: el traslado multimillonario de recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hacia el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. El convenio tenía una cláusula de confidencialidad, que se está rompiendo en este momento por esta columna.

Un convenio más para el traslado de recursos se firmó el mismo 16 de junio con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fiduagraria. Otra vez firmado por el señor Salcedo. El total de recursos era de alrededor de $1,6 billones, con un extraño afán de ser girados desde el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cinco y tres días antes de las elecciones que definirían la continuidad o no de la izquierda en el país.

Pero hay más. La Fiduprevisora contrató como asesor al señor Julián Habib Saade en mayo pasado con un salario cercano a $18 millones al mes. Fuentes internas me dicen que el poder de Habib Saade era intenso en la Fiduprevisora. Habib fue fotografiado en una fiesta en Valledupar, durante el Festival Vallenato, hablando muy de cerca con Emilio Tapia, el dos veces condenado por desfalcos al Estado.

Tapia estuvo esta semana junto a su pareja, la excongresista de Córdoba Saray Robayo, celebrando un cumpleaños en un reconocido restaurante de Bogotá. ¿Cuál es la relación entre Emilio Tapia, Saray Robayo y Julián Habib Saade? ¿Existe alguna relación o interés de Tapia con la Fiduprevisora?

Lo que está pasando con el manejo del fondo de la Ungrd huele muy mal. Parece que algunos funcionarios y políticos no aprendieron del escándalo de corrupción de Olmedo López y siguen los mismos con las mismas. Es importante que el gobierno electo tenga en el radar esos nombres y esta entidad, núcleo de muchos hechos que deben ser investigados pronto.