Esta semana en La FM anticipamos una investigación que la Fiscalía consideró como uno de los casos más grandes de corrupción de los últimos años. Nueve capturas en Bolívar, Atlántico y Magdalena y con millonarios contratos relacionados en Córdoba. El fiscal que hizo los primeros descubrimientos en las audiencias asegura que se trata de un desfalco multimillonario de una red que involucra a una poderosa asociación de municipios en la Costa llamada Aremca.

Pero realmente el escándalo involucra a poderosos políticos que eran los que tenían el poder de tomar las decisiones de contratación. Esos políticos están en lo central y en lo local y el país todavía desconoce sus nombres.

Lo que sí existe es una pista importante. Por lo menos dos de los capturados tenían relaciones concretas en Ciénaga de Oro y hay contratos que se entregaron pero no se ejecutaron en Valencia y Montelíbano. Es lamentable pero hay que decir que los grandes casos de corrupción del país tienen casi siempre una relación estrecha con Córdoba y su engranaje de poder político, dominado incluso por quienes han estado en la cárcel pero son vistos como héroes inquebrantables en la región. Pasa también en Santa Marta.

Es impostergable que la Fiscalía de los nombres de los políticos involucrados. Uno de los extraños contratos fue firmado por el Departamento de Prosperidad Social por 34.000 millones de pesos en el Gobierno Petro, para cumplir un objeto de seguridad alimentaria y promoción de alimentos locales. Una fuente dentro del DPS me dice que alrededor de la mitad del contrato se entregó, pero los avances no existen.

En esa contratación hay muchas sospechas. Diana Carolina Martínez fue la persona que lo firmó en el DPS. La Fiscalía confirmó su nombre en la investigación. Lo habíamos revelado ya en La FM. La pregunta es quién tiene tal poder en una entidad como el Departamento de Prosperidad Social para entregarle 34.000 millones de pesos a una organización que el propio Gobierno ya había denunciado por ser un contratadero irregular. Lo había hecho Alexander López desde Planeación Nacional.

Algo similar sucedió para un contrato de una especie de PreIcfes por alrededor de 16.000 millones de pesos en la Alcaldía de Carlos Pinedo en Santa Marta. Cuando el periodista de RCN Radio le preguntó a la Alcaldía solo hubo silencio. Que el alcalde está en Miami.

En Colombia nos está matando la corrupción. Mata porque no permite que las políticas públicas se materialicen. Mata porque no se construyen los hospitales y no les paga la deuda. No es algo de este Gobierno. Es una herida abierta transversal al Estado. No son unos políticos y otros no. Son todos. Es más, no son los políticos. Son los ciudadanos también.

Todo es una transacción oscura bajo la mesa en las sombras de la clandestinidad. Elegir los cargos más importantes del Estado se convierte también en un acto de corrupción. Contratar se convierte en un acto corrupto. Las licitaciones también son un robo amañado de denuncias y contra denuncias para quedarse con utilidades exageradas. Presentan todo tipo de certificaciones falsas para quedarse con los contratos. Ver caso Findeter.

Y nada pasa. Es realmente el cáncer de nuestra nación. Lo más grave es que ningún candidato ha planteado hasta ahora algo realmente contundente, una nueva idea, para combatir la corrupción que en Colombia no puede si no ser un cambio estructural y cultural que implique a todo el país, a todos los ciudadanos. Un acuerdo fundamental para dejar de robarse al Estado. Desde los pasajes del transporte público hasta los contratos ridículamente multimillonarios.

La crisis fiscal debe empezar resolviéndose por ahí pero hasta ahora solo hay palabrarería. Los más duros en el discurso contra los corruptos tienen a su vez fotos sonrientes con delincuentes procesados que se robaron, algunos, incluso países enteros.

Señores políticos, no roben más. No maten más al país.