Escribo esta columna porque el deber del periodismo es buscar respuestas a hechos de interés público y también a aquellos en los que se pudieron haber cometido graves excesos. Mi columna durante estos dos años ha sido enfática sobre los errores del presidente Gustavo Petro; esto incluye las teorías de la conspiración, tantas y tantas sin rigor y sin pruebas.

Sin embargo, en el caso de Pegasus ya hay suficientes hechos para pedir respuestas de fondo. La suspensión de Colombia al Egmont Group prueba algo determinante y es que el documento que leyó el Presidente de la República en una improvisada alocución televisada es real. He investigado el caso en detalle y, de hecho, tengo en mi poder las únicas respuestas oficiales de la compañía NSO Group, creadora y dueña de Pegasus, y de la Impa, la Agencia de Inteligencia contra el Lavado de Activos y el Terrorismo de Israel. Aunque ninguna dio información concluyente por obvias razones, tampoco negaron que Colombia fuese cliente de NSO.

Pegasus es un software que permite tener total acceso a los celulares de las personas a las que se les busca hacer inteligencia. Fue creado con el propósito de seguirle el paso a terroristas para evitar la pérdida de vidas humanas y proteger la soberanía de los Estados, pero en malas manos puede ser una herramienta sumamente peligrosa. Así ocurrió en México. Denuncias de periodistas y líderes de la oposición sobre el posible hallazgo de Pegasus en sus celulares con la violación al derecho intocable de la intimidad y la privacidad.

Aunque el caso ha sido exacerbado y exagerado por los amigos del Gobierno en los medios oficiales (ya no del Estado), también ha sido desestimado por los críticos a la administración solo por que quien lo denuncia es Petro. Ese creo que es un error.

Hay varias cosas en juego. Primero, la responsabilidad política del presidente al dinamitar años y años de construcción de reputación en el mundo de la inteligencia financiera para que Colombia tuviera acceso a herramientas e información en la lucha contra el lavado de activos. La suspensión de Colombia de Egmont significa un aislamiento absoluto a la información sobre transacciones y bienes en el exterior de narcotraficantes, lavadores, criminales de grupos armados y vendedores de armas.

El Presidente debió haber puesto el documento únicamente en poder de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, no desclasificarlo acabando con el lugar que Colombia se ganó en un proceso de años.

Hecha esa crítica, la pregunta fundamental que debe hacerse es por qué una agencia de inteligencia de Israel asegura que la Dipol de Colombia hizo una negociación con NSO Group con dinero en efectivo que fue consignado a un banco de Israel, en donde NSO tenía su cuenta.

“No podemos confirmar ni negar que Colombia haya sido cliente debido a nuestras políticas de restricción”, me contestó directamente el manager de NSO desde Israel cuando le pregunté para aclarar la información.

Petro ha dicho que con Pegasus seguramente fueron espiados los jóvenes en las protestas. Eso es falso, pues hasta ahora no se puede probar. Pero lo que sí es cierto y que debe tener relevancia es que el documento existe y que es real; al ser desclasificado, suspendieron a Colombia del grupo que lo comunicó. No es menor. Hay detalles de cuentas, una alerta del banco Hapoalim por un movimiento sospechoso y una trazabilidad con tres orígenes de fuentes diversas sobre el efectivo proveniente de Colombia, que, según la Impa, habría sido declarado en Israel.

Busqué al general Vargas, quien en 2021 dirigía la Policía en reiteradas ocasiones. No contestó. Tampoco lo hizo en detalle María Fernanda Rangel, a quien supuestamente espiaron con Pegasus, según reveló un peritaje que expuso El Tiempo, pero que todavía nadie sabe quién hizo.

Aún cuando Petro use la historia como un arma política sin seriedad, el general Vargas y el general Norberto Mojica, que dirigía la Dipol entonces, deben dar claridad.