Construyendo un país de propietarios

Santiago Castro - scastro@asobancaria.com

Después de la salud y la educación, la vivienda representa uno de los principales instrumentos de política social en Colombia. Dado su enorme importancia en materia de crecimiento y desarrollo, el diagnóstico y evaluación de las políticas de vivienda, ad portas de cerrar un ciclo político, resulta clave no solo para la formulación de nuevas políticas, sino para la identificación de las que deben ser mantenidas o replantadas por el próximo Gobierno en aras de facilitar el acceso a vivienda a los colombianos y dinamizar el sector.

En 2017, en un contexto en el que la actividad económica evidenció una dinámica moderada, uno de los sectores que más se desaceleró fue precisamente el de la construcción (-0,7%), cuya contracción vino explicada por un descenso cercano a 16,2% en el segmento de edificaciones no residenciales y de 6,2% en el de edificaciones residenciales.

Sin embargo, algunos indicadores asociados al sector presentaron un buen desempeño, dentro de los que se destaca la variación positiva de los desembolsos, cuya tasa de crecimiento alcanzó 6,9% real en valor y 0,8% en número frente a los registros de 2016.

El apoyo de los programas del Gobierno a la financiación de vivienda fue significativo. En 2017, se desembolsaron alrededor de 150.000 créditos por un valor de $15 billones, de los cuales 53% contó con el apoyo de programas de financiamiento gubernamentales.

En general, estas iniciativas tuvieron como fin, ya sea a través de subsidios a la cuota inicial o a la tasa de interés, consolidar y facilitar los cierres financieros que muchas de las familias colombianas necesitaban para poder adquirir una vivienda propia.

En este contexto, el rendimiento de los programas de vivienda varió en función del segmento y el lugar de ejecución. Las iniciativas focalizadas al segmento No VIS no solo fueron las de mayor participación (en valor) dentro de los programas, sino las que más dinamismo mostraron a lo largo y ancho del país.

Por su parte, los programas para el segmento VIS (Vivienda de Interés Social) arrojaron buenos resultados, asociados principalmente al mecanismo del Frech II (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria) y, en menor medida, al programa Mi Casa Ya.

En lo que concierne al segmento VIP (Vivienda de Interés Prioritario), destinado a las familias con menores recursos, el programa Vipa (VIP para Ahorradores), se destacó como aquel que presentó una mayor ejecución. No obstante, resultó ser mucho menos dinámico en los otros programas, particularmente en Frech II.

Es por ello fundamental que el diseño de la hoja de ruta en materia de vivienda del próximo Gobierno deba analizar las condiciones de ejecución en este segmento, pues es el que mayor dificultad ha reflejado en la ejecución de sus cupos y el que está socialmente destinado a las familias más vulnerables.

Las diferencias en las condiciones de acceso y en los incentivos que posee cada programa, además de las preferencias reflejadas por los hogares objetivos de estos, han sido desde luego determinantes y deberán también ser analizadas con lupa en las políticas futuras.

Los resultados en cada uno de estos frentes se constituyen hoy en un insumo valioso para que el nuevo Gobierno evalúe y lleve a cabo las mejoras necesarias en las iniciativas que buscan dinamizar el sector.

En síntesis, si bien los avances han sido satisfactorios, los desafíos actuales continúan demandando el diseño de una agenda de política que permita robustecer y profundizar el acceso a vivienda y reducir las brechas habitacionales aún existentes.

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