En los últimos años hemos sido testigos de una revolución tecnológica impulsada por el uso de dispositivos electrónicos que nos han permitido acceder a nuevas fuentes de información y comunicación.
Estos desarrollos tecnológicos han favorecido la creación de nuevos y complejos ecosistemas en donde las personas y organizaciones dejan huellas digitales y marcas de identidad que pueden ser vistas como cúmulos de datos relativos a sus preferencias, hábitos de consumo, producción, información biométrica, entre otros.
Es precisamente este contexto el que ha llevado a que hoy se hable con mayor asiduidad de Big Data, un término asociado al almacenamiento y análisis de un gran volumen de información que no puede ser procesada por medio de las herramientas computacionales convencionales.
La ingente generación de datos que permiten los dispositivos ha llevado a que, a través de cruces de información y utilización de técnicas avanzadas de analítica, algunas empresas (i) identifiquen nuevas oportunidades de negocio, (ii) establezcan patrones de comportamiento que optimicen la toma de decisiones y (iii) consoliden sus ventajas competitivas.
No es de extrañar por ello que se asevere que el Big Data es, incluso por encima de commodities como el petróleo, la materia prima más valiosa.
Recientemente, el Big Data viene siendo implementado por entidades gubernamentales y sectores como el de telecomunicaciones, servicios de salud, industrial y bancario, siendo este último uno de los líderes en su adopción.
En particular, las entidades financieras han observado y estudiado el potencial que tiene el manejo de los grandes volúmenes de información en lo referente a la fidelización de clientes, desarrollo de ofertas personalizadas por medio de la segmentación, gestión de riesgos y fraude, prevención del lavado de activos y atención al cliente.
Sin embargo, los enormes beneficios y avances que trae la aplicación del Big Data dentro de las organizaciones pueden verse truncados por múltiples factores de índole técnica, humana y regulatoria.
En particular, el desarrollo de estas capacidades técnicas requiere de la realización de significativas inversiones en herramientas que sean capaces de almacenar, procesar y analizar de manera adecuada y ágil los altos volúmenes de información generados.
De igual manera, las entidades públicas y privadas deben emplear y capacitar el equipo humano en las áreas de computación, estadística, programación y manejo de negocios.
En lo concerniente al aspecto regulatorio, si bien en Colombia contamos con oportunas leyes de protección de datos, es claro que estas deberán ser adaptadas a los cambios generados por este tipo de tecnologías disruptivas.
Hoy, no obstante, y gracias precisamente a este carácter disruptivo, esta tecnología sigue siendo asociada a un concepto difuso y lejano a la actividad productiva, lo que señala la urgente necesidad de que el Gobierno y el sector privado aúnen esfuerzos para fomentar su uso y desarrollo dados los efectos significativos e incrementales sobre la competitividad y la productividad.
La adopción de estos desarrollos tecnológicos por parte de las organizaciones resulta, en este escenario, de suma importancia dado los enormes lastres que hoy dificultan la inserción de nuestros productos en las cadenas globales de valor y los enormes desafíos en materia de reactivación sectorial y desarrollo de nuevos canales de inversión.
Son ciertamente muchos los desafíos en este campo pero desde luego enormes los beneficios asociados a su adecuado manejo y utilización.