Durante las últimas décadas la expansión de la revolución digital, así como la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, han transformado ostensiblemente las dinámicas sociales y económicas en el mundo.

Hoy, los dispositivos electrónicos con acceso a internet como los smartphones, las tablet, los computadores portátiles y los computadores de escritorio, hacen posible llevar a cabo un sinfín de actividades que van desde navegar en la web y comunicarse en cualquier rincón del mundo, hasta realizar transferencias de dinero, compras y pagos, entre otras.

Estos avance tecnológicos se han convertido también en un aliado importante en el desarrollo actividades como los servicios financieros. En los últimos años, la mayor facilidad para los usuarios de realizar transferencias y hacer seguimiento permanente a sus productos y servicios, han dinamizado el acceso y uso de los productos financieros, con ganancias importantes en materia de inclusión financiera.

Este aumento del comercio electrónico, además de generar una mayor competencia y complementar la oferta de bienes y servicios de las empresas, también les ha permitido a los usuarios superar las barreras geográficas, temporales y, más recientemente, el acceso a los productos en esta inquietante coyuntura que ha dejado el Covid-19.

Sin embargo, la disponibilidad de información personal en línea ha ocasionado que, de manera casi simultánea a cada desarrollo tecnológico, surjan diversas modalidades de delitos cibernéticos con las que los criminales buscan obtener lucro a través del hurto de información confidencial o personal de los usuarios de las tecnologías.

Lamentablemente, en los últimos tiempos dos tipos de fraude electrónico han venido tomado fuerza. En particular, el phishing (que utiliza mensajes enviados a un correo electrónico) y el smishing (a través de mensajes de texto), que aparentan ser comunicaciones oficiales de entidades públicas y privadas con las que se busca que el usuario haga clic en el enlace que viene en el cuerpo del correo o mensaje, se han convertido en alarmantes herramientas criminales que buscan la captura de datos personales que luego son utilizados para cometer fraudes.

En el transcurso de los últimos meses, como era de esperarse, esta problemática se ha acrecentado, ya que la pandemia del Covid-19 y las consecuentes medidas de confinamiento social adoptadas en la mayor parte de los países han redundado en una abrupta migración a la virtualidad que ha sido aprovechada por los ciberdelincuentes para cometer delitos informáticos contra ciudadanos, empresas y entidades financieras.

Colombia no ha sido la excepción y aunque entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las empresas, han realizado una valiosa labor para abordar esta problemática en el marco de la actual coyuntura, el comportamiento al alza del cibercrimen pone de manifiesto que alcanzar un nivel de seguridad cercano al 100% en el uso canales transaccionales es aún un reto.

Es por ello que, en aras de aprovechar las bondades que el mundo digital supone para nuestra economía, debemos redoblar los esfuerzos para enfrentar a los cibercriminales. Al respecto, deben tomarse medidas para que de manera oportuna se suspendan las páginas web utilizadas para suplantar a entidades públicas y privadas, y se haga un rastreo efectivo de las sofisticadas bandas que se valen del phishing y el smishing. Solo así podrá hacerse frente a una amenaza que prevalece y evoluciona rápidamente.