A lo largo del mundo, salvo contadas excepciones, la pandemia generada por el covid-19 ha sido abordada por las autoridades con estrictas medidas de aislamiento social y confinamiento que han logrado aplanar las curvas de contagios y fallecidos. Dichas políticas, que han permitido robustecer los sistemas de salud, han afectado no obstante la dinámica de la economía global a tal punto que la desaceleración que hoy se proyecta para 2020 no tiene precedentes.
En efecto, la contracción de la actividad productiva en el primer trimestre en países como China (6,8%), Estados Unidos (4,8%) y la Eurozona (3,3%), aunadas a las preocupaciones sobre lo que podría ocurrir en el segundo trimestre, ha llevado a que analistas y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) hayan revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para la economía global en torno a -3,3%.
Para hacer frente a la desaceleración económica, los países desarrollados han dispuesto paquetes fiscales contracíclicos y el uso de instrumentos de política monetaria que han logrado atenuar la incertidumbre en los mercados.
Para el caso colombiano, es posible afirmar que las medidas de aislamiento social obligatorio han logrado que el ritmo de propagación de la pandemia sea inferior al de los países europeos y al del algunos de sus pares regionales, un hecho sin duda destacable. No obstante, la paralización de buena parte de las ramas de actividad ha afectado sustancialmente las perspectivas de crecimiento de la economía local, la cual podría contraerse, según los analistas, entre un 2,9% y 4,8% en 2020, todo ello en medio de una tasa de desempleo que podría alcanzar entre el 19,8% y el 22,5%.
Ante el deterioro de la demanda agregada, el Gobierno ha implementado políticas que buscan proteger a los segmentos más vulnerables por medio de transferencias no condicionadas. Asimismo, para atenuar las restricciones de liquidez que enfrentan las empresas, ha dispuesto el otorgamiento de garantías crediticias y la disminución de los aportes a pensión, entre otras políticas. Por su parte, el Banco de la República ha establecido medidas para proveer liquidez a los mercados y dinamizar el otorgamiento de crédito.
Todo esto nos debe llevar a reconocer el papel que han venido desempeñando las entidades gubernamentales, pues en poco tiempo, y sujetas a restricciones presupuestarias, han implementado de manera exitosa las recomendaciones hechas por organismos como el Banco Mundial o la Ocde.
Sin embargo, estas medidas empiezan a parecer insuficientes dada la magnitud del choque económico, de manera que será necesaria la implementación de políticas más ambiciosas que amplíen la cobertura que tienen los programas sociales y permitan otorgar préstamos directos a las empresas de los sectores más afectados. Para financiarlas, deben ponderarse las diferentes alternativas de financiación que tiene el país de acuerdo con su alcance y conveniencia.
Las opciones más idóneas parecen ser el endeudamiento a bajo costo y no condicionado que otorga el FMI bajo la figura de la Línea de Crédito Flexible, además de la emisión de títulos de deuda pública tanto en pesos como en dólares.
Las perspectivas de crecimiento económico, así como la implementación de los nuevos instrumentos de política pública y su financiación, estarán sujetas al buen balance que hagan las autoridades entre confinamiento y normalización de la actividad económica. De ahí la importancia de comenzar desde las próximas semanas la apertura gradual con los máximos protocolos, y continuando el fortalecimiento de nuestra capacidad de Unidades de Cuidado Intensivo, que están siendo utilizadas en menos de un 5%, y la aplicación incrementada de pruebas masivas que nos permitan identificar, rastrear, y aislar futuros brotes.