Si bien las buenas perspectivas económicas para 2020 de comienzos de año estaban sustentadas en el fortalecimiento del consumo de los hogares y la inversión, también en el ambiente más propicio para la creación de empleo y la formalización empresarial gracias a las medidas contempladas en la Ley de Crecimiento, la más reciente modificación al estatuto tributario.
Se esperaba, en materia de finanzas públicas, que las transferencias realizadas al Gobierno Nacional Central (GNC) por parte de Ecopetrol y el Banco de la República a manera de dividendos y utilidades, aunadas a un mejor comportamiento del recaudo tributario, permitirían reducir los niveles de déficit, cumplir con las disposiciones del Comité Consultivo de la Regla Fiscal y disminuir los niveles de deuda como porcentaje del PIB. Este escenario, aunque de riesgos acotados, gozaba sin embargo de cierta incertidumbre en la medida en que las calificadoras de riesgo y algunos analistas advertían que, para el bienio siguiente, de no materializarse los efectos positivos sobre el recaudo del mayor crecimiento económico y la modernización de la Dian, el país podría incumplir la Regla Fiscal y, en consecuencia, verse abocado a tramitar una nueva reforma tributaria en aras de preservar el grado de inversión.
No obstante, con la irrupción de la covid-19 y el uso de las medidas de confinamiento social para mitigar su propagación, las perspectivas fiscales cambiaron de manera significativa. Al respecto, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se espera que este año el recaudo presente una caída cercana a los $24 billones frente a la meta inicial, a la vez que el gasto del GNC aumente en 5,2 puntos porcentuales (pp) del PIB frente al año anterior, de los cuales 2,8 pp corresponden al gasto para hacer frente a la emergencia sanitaria y capitalizar el Fondo Nacional de Garantías.
Para los próximos años el gobierno plantea que el repunte de la actividad económica, la eliminación del gasto contracíclico, la utilización de herramientas para reducir la evasión, la enajenación de activos por 1,7% del PIB y el trámite de una reforma fiscal, permitirán estabilizar las finanzas públicas del país.
Dichas medidas, aunque van en la dirección correcta, están sin embargo sujetas a la incertidumbre sobre la duración de la pandemia y sus efectos sobre el crecimiento económico y la situación social en el país. En efecto, el anuncio del Ministerio de Hacienda, relativo a la necesidad de llevar a cabo una nueva reforma tributaria que genere ingresos cercanos a 2% del PIB, aunque visibiliza la magnitud del problema, también genera preocupaciones dado que el ajuste superaría al alcanzado por las últimas reformas.
En ese contexto, la inquietud que prevalece entre los analistas económicos y los responsables de la política pública ya no es la conveniencia de una nueva reforma al estatuto tributario, sino cuál debe ser su estructura y enfoque para solventar los problemas que lo aquejan en materia de eficiencia, equidad y progresividad.
Hoy la tarea que compete a las autoridades, legisladores, empresarios y trabajadores, es construir una reforma integral que alcance el objetivo de recaudo mencionado, sin que esto lleve a desincentivar la inversión y el ahorro, ni a obstaculizar el proceso de recuperación económica. Será necesario, además, llegar a acuerdos para hacer más eficiente el gasto público, pues múltiples diagnósticos señalan que el sistema pensional y los subsidios a hogares y empresas, enfocados de forma correcta, tienen el potencial de reducir significativamente las brechas sociales existentes en el país.