La cifra de crecimiento de 3% real para el segundo trimestre del año confirma que la economía continúa su progresivo proceso de recuperación. Sin embargo, también puso en evidencia la falta de tracción de algunos sectores, dentro de los que preocupa el de agricultura, que tan solo se expandió al 1,5%. En este caso, más allá de efectos climáticos coyunturales, esta rama de actividad sigue siendo afectada por lastres como la brecha educativa, que van en detrimento de su competitividad y desarrollo.
En materia de inclusión financiera, los retos a nivel de ruralidad aún son mayúsculos. De acuerdo con datos de Banca de las Oportunidades, en las principales ciudades el porcentaje de adultos con productos financieros es de 88,7%, mientras que en municipios rurales y rurales dispersos tan solo alcanza 66% y 55,4%, respectivamente.
En este sentido, avanzar en materia de inclusión y educación financiera resulta fundamental para que Colombia desarrolle su potencial agroindustrial y genere las anheladas transformaciones que llevarán a mejorar la calidad de vida de los campesinos.
Ahora bien, para fortalecer la educación financiera rural, la política pública debe contemplar un grado de flexibilidad, puesto que para su implementación resulta imperativa la comprensión de las particularidades que presentan las comunidades y los territorios dispersos.
A la luz de la experiencia internacional, bien cabe analizar casos concretos de programas de educación financiera rural con poder de cambio. En efecto, en la India, iniciativas llevadas a cabo por el Banco Mann Delhi y la Mann Deshi Foundation, han buscado apoyar proyectos de educación financiera impartida a productores de jazmín, además de haber fomentado el empoderamiento de la mujer en aspectos como el emprendimiento, el liderazgo en comunidades y el acceso al financiamiento.
Por su parte, en Indonesia el programa “The learning farm” apoya a jóvenes que provienen de entornos desfavorecidos en zonas rurales, capacitándolos en técnicas agropecuarias y desarrollo de planes de negocios, donde adquieren habilidades de computación y generales para el trabajo. Programas como estos han mostrado resultados sobresalientes, donde los participantes adquieren no solo altos niveles de educación financiera, sino habilidades para mejorar sus procesos productivos, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida.
En Colombia también se han adelantado iniciativas para promover la educación financiera en el sector rural. Un ejemplo es el proyecto Ampaz (2018-2020) de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Este tipo de programas buscan atender las necesidades de desarrollo de las poblaciones más afectadas por el conflicto a través de la planificación territorial y el desarrollo, teniendo en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales. Otra iniciativa privada como el programa Finca, Finanzas para el Campo, busca brindar herramientas que los campesinos puedan emplear en su día a día y mejorar su conocimiento del sistema financiero. Su primer piloto actualmente se lleva a cabo en los municipios de Caquetá, Meta y Boyacá y se espera que en 2020 sea implementado en varios municipios del país.
Los lastres que enfrenta la ruralidad son de gran calado, por lo que las iniciativas privadas que buscan fortalecer la inclusión y educación financieras son absolutamente necesarias. No obstante, es imperativo que el gobierno redoble sus esfuerzos en esta materia, si queremos ver en Colombia un campo más digno y próspero.