Colombia, al igual que muchos países emergentes y en desarrollo, ha visto ganancias significativas en materia de estabilidad macro, productividad e ingreso per cápita en las últimas décadas. De hecho, hemos logrado pasar de ser una economía de ingreso bajo a una de ingreso medio alto en las últimas dos décadas, lo que nos permitió que, a partir de 2013, comenzáramos a tocar las puertas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) con el fin de iniciar el proceso de adhesión.  Sin embargo, bien sabemos que para que el tránsito de convergencia a los estándares de la Ocde tome celeridad y la anhelada adhesión se materialice, son muchos los avances y reformas que aún están pendientes y que engloban temas de gran calado.  La Ocde, en este contexto, ha venido señalando la necesidad de adelantar reformas que le permitan al país tener un crecimiento más inclusivo, particularmente mediante i) una reforma tributaria estructural, ii) una reforma pensional; iii) el ajuste del mercado laboral, iv) el incremento de la inversión en infraestructura y v) el desarrollo del sistema financiero, propuestas que han sido bien recibidas y se constituyen como uno de los pilares más importantes para el desarrollo en el corto y mediano plazo. Estas recomendaciones resultan apropiadas a la luz de la definición del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 y no se pueden pasar por alto en el marco del diseño de una adecuada planeación de políticas públicas ya que serán pieza clave en el proceso de consolidación del crecimiento económico y para la victoria definitiva en la lucha contra la pobreza. 

Llaman la atención, sin embargo, varios frentes de análisis correspondientes al diagnóstico del desarrollo del sistema financiero, muchos de los cuales lucen acertados, pero otros ampliamente imprecisos, en particular los relacionados con el diagnóstico en materia de competencia, eficiencia y rentabilidad del sistema. Acierta la Ocde en señalar que el desarrollo financiero es claramente uno de los aspectos claves en el proceso de convergencia en materia de mejores prácticas e impulso de la actividad productiva y que, para tener una mayor inclusión social en Colombia, el desarrollo del mercado financiero es imperativo. Sin embargo, erra en señalar que la rentabilidad y el margen de intermediación de la banca en Colombia se alejan de estos criterios en la medida en que muestran una tendencia creciente en los últimos años. Un diagnóstico sin duda impreciso en la medida en que, por el contrario, tanto los niveles de rentabilidad como el margen de intermediación han venido mostrando una senda decreciente y en clara convergencia hacia los niveles de las economías desarrolladas. 

También erra en señalar que los principales indicadores de competencia bancaria ubican a Colombia por debajo de la mayoría de países a nivel regional y mundial. Y aquí no podemos ser tímidos en resaltar que, contrario a este diagnóstico, los principales indicadores de rentabilidad del sistema bancario vienen reduciéndose desde 2005. Si bien la rentabilidad del activo (ROA) y la del patrimonio (ROE) alcanzaron niveles elevados en el período posterior a la crisis de 1998-1999, su tendencia ha sido notoriamente descendente desde entonces, un reflejo de una mayor competencia entre entidades y de los menores retornos en beneficio de una mayor colocación de crédito.

El margen de intermediación, por su parte, también ha caído en los últimos diez años (cayendo a niveles de 7,7% en 2014), contrario a la tendencia ilustrada por la organización. Aquí es importante resaltar que, si bien el margen de rentabilidad se ubica aún por encima del que exhiben las economías desarrolladas, esto responde en buena parte a trabas regulatorias que han dificultado un mayor descenso, un aspecto que la Ocde ha sabido reconocer y de allí que resalten la importancia de que muchos de los requerimientos regulatorios y talanqueras impositivas deban ser ajustadas con celeridad. 

Pero, incluso, debemos ir más allá. Estas medidas, a la luz del desarrollo y la consolidación del sistema financiero, deben ser complementadas con otras de alcance similar, como lo son i) retomar la devolución de 2 puntos de IVA para compras con tarjetas de crédito, débito y banca móvil, e ii)  incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 la meta propuesta sobre la reducción de la preferencia por efectivo hacia niveles de 25% en 2018. Esto nos permitirá no sólo darle celeridad a nuestros procesos de convergencia hacia los estándares que dicta la Ocde, sino engranar el desarrollo del sistema financiero a los demás frentes de desarrollo y con ello nuestra “carta de presentación” hacia el mundo desarrollado.