La irrupción de la pandemia del covid-19 en el país, además de haber suscitado la implementación de medidas de confinamiento social por cerca de cinco meses, propició una serie de cambios en los hábitos de consumo de los hogares, así como una mayor propensión al ahorro. Estos aspectos, aunados a una contracción de la inversión y del comercio exterior por cuenta de la debilidad de la demanda externa, llevaron a que la economía se contrajera en el primer semestre a un ritmo de 7,4% anual.

Los indicadores del mercado laboral, como se anticipaba, se han visto severamente afectados. En materia de la oferta laboral, durante abril y mayo de 2020 se observó que la Tasa Global de Participación (TGP) exhibió una caída sustancial, llegando a niveles de 51,8% y 55,2%, respectivamente, unas cifras que distan significativamente del promedio de la última década (64%). Este indicador, valga anotarlo, estuvo asociado a la imposibilidad de parte de los desocupados de continuar la búsqueda de un empleo dadas las restricciones de movilidad, hecho que llevó a que muchos de ellos pasaran a la Población Económicamente Inactiva.

Para julio se apreció que, ante la reapertura de varios sectores y la flexibilización de las medidas de aislamiento en varias ciudades, la cantidad de inactivos se redujo en 2,3 millones de personas frente a abril, descontando el componente estacional. En consecuencia, la TGP alcanzó un nivel de 56,5%, lo que supuso una mayor presión sobre el mercado laboral.

En cuanto a la demanda laboral, la Tasa de Ocupación (TO) exhibió una sustancial caída durante los primeros meses de la crisis, habiendo sido la más pronunciada la observada en abril (24,5 pp), cuando la TO alcanzó el mínimo histórico (41,6%). En julio, sin embargo, este indicador bordeó 45,1% debido al incremento de 1,9 millones de ocupados frente al mes de abril. Este incremento en la cantidad de ocupados contribuyó a que en julio la Tasa de Desempleo (TD) se redujera levemente, alcanzando un 20,2% luego de su máximo histórico en mayo (21,4%).

Estas cifras son desde luego inquietantes y reflejan un panorama complejo y lleno de desafíos para la política pública. Hoy el mercado descuenta una TD hacia niveles de 18% para el cierre del año, cifra que podría ser superior en el caso de que se materialicen los riesgos asociados a rebrotes del virus, a una reactivación más lenta de lo previsto y a eventuales medidas de confinamiento adicionales en el país.

Por ello, resulta apremiante acelerar el diseño y trámite de una reforma estructural en el mercado laboral. Por supuesto, lejos de concebir propuestas que busquen encarecer la nómina, es imprescindible que se consideren reducciones permanentes en algunos costos laborales, se retomen iniciativas que fomenten la formalización en el campo y se evalúe la posibilidad de implementar esquemas de salarios mínimos por regiones.

De igual manera, resulta primordial que se continúe impulsando la construcción de infraestructura, dada la capacidad de este sector para generar empleo y mejorar la competitividad de las regiones.

El país también deberá, en este contexto, dar un debate sobre la estructura actual de las barreras no arancelarias, las cuales han llevado a que, aun con la firma de diversos Tratados de Libre Comercio, la apertura a los mercados internacionales sea baja y se limite la generación de empleo debido a la baja productividad de la economía. Los desafíos en el frente laboral son enormes, y por ello la imperativa necesidad de una cuidadosa métrica en las medidas de política pública dirigidas a dinamizarlo.