Los constantes avances tecnológicos han permitido una rápida transformación del mundo hacia la era digital, impactando notablemente los hábitos y tendencias en casi todos los sectores de la economía. La banca no ha sido ajena a este proceso, y cada vez más sus operaciones se realizan a través de medios alternativos. Lo anterior ha tenido consecuencias directas sobre los consumidores, quienes han cambiado sus hábitos financieros y ahora exigen una conexión más rápida, segura, directa y constante con su banco.  Por esta razón, los medios de pago electrónicos (MPE) han venido ganando terreno como herramientas idóneas para la realización de las transacciones.  

Los beneficios de los MPE no solo se quedan en los consumidores, sino que tiene un alto impacto en diferentes esferas de la economía y la sociedad. En efecto, en una investigación que abarcó 70 países, la agencia Moody’s estima que cada 1% de incremento en el uso de pagos electrónicos eleva el PIB en cerca de 0,04%. Cifras para nada despreciables y que, por el contrario, muestran el beneficio potencial de masificar el acceso y uso de estos medios.

Por otro lado, un mayor uso de los MPE mejora la capacidad fiscal de Gobierno, pues les ofrece una mayor vigilancia a los recursos públicos y le permite mayor trazabilidad sobre las transacciones al margen de la ley. Las empresas, por su parte, obtienen beneficios en aumentos de facturación y mejoras en el manejo de tesorería. 

No obstante, el país muestra aún un rezago considerable en materia de penetración de los MPE. De hecho, según datos del Global Findex del Banco Mundial, el efectivo es aún el medio de pago preferido por casi 90% de los colombianos. Esto ocurre precisamente porque mientras que en promedio un habitante en el país realiza 20 transacciones con tarjeta, en países como Brasil o Perú realiza 50 y 25, respectivamente.

Sin duda, existen barreras que impiden la masificación de los MPE. Por un lado están las institucionales, asociadas a las distorsiones o rigideces tributarias existentes para la formalización empresarial. También están las de mercado, asociadas a la carencia de diseños de productos financieros para las personas que actualmente están excluidas del ecosistema transaccional, han venido restando tracción a la dinámica de penetración de los MPE. Por último, debemos mencionar las barreras tecnológicas (tan sólo 50% de la población cuenta con teléfonos inteligentes que le permitan utilizar los MPE), y las culturales y de educación financiera, estas últimas asociadas al desconocimiento en el uso y manejo de otras modalidades de pago diferentes al efectivo, las cuales han venido siendo un palo en la rueda adicional en esta dinámica.

Consientes de estos rezagos, la Asobancaria ha venido liderando, en alianza con el Gobierno y con diversas instituciones privadas, el diseño de varias iniciativas que han dado como resultado el Proyecto F. Un proyecto que busca generar un diagnóstico preciso e integral que permita mejorar el entendimiento sobre el uso del efectivo en Colombia, y cuyo objetivo no es otro que la masificación de los MPE a través de estrategias claras en materia de recaudos públicos, pagos electrónicos e interoperabilidad. 

A manera de ejemplo, en la estrategia de recaudos públicos y bajo el liderazgo del Ministerio del Transporte, se definió un modelo de interoperabilidad comercial de peajes que busca que los usuarios tengan la opción de pagarlos de forma electrónica. Se espera crear un mecanismo que permita generar una alianza entre el sector financiero y los operadores, aportando la experiencia de pagos de los bancos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, todavía persisten muchos retos que Colombia debe enfrentar en materia de bancarización, inclusión financiera y masificación de MPE. De allí la importancia del éxito de este tipo de iniciativas público-privadas si queremos dinamizar la economía, reducir costos de transacción y generar sistemas de pagos sintonizados con las nuevas generaciones y los nuevos patrones y hábitos transaccionales.