Existe una contundente evidencia acerca de los impactos positivos de la Inclusión Financiera en el bienestar de los colombianos y en su calidad de vida. Los avances de Colombia, en este escenario, han sido importantes y de allí que ahora cerca de 73% de la población adulta cuente con al menos un producto financiero, una cifra que se lee positiva si tenemos en cuenta que cinco años atrás los niveles de bancarización bordeaban apenas 56%-58%. 

Estos avances han sido resultado del trabajo mancomunado entre la banca y el gobierno en el diseño e implementación de nuevos productos y canales. Bajo este esquema de cooperación, vale la pena destacar la creación de productos simplificados, tales como las cuentas de ahorro electrónicas, cuentas de ahorro de trámite simplificado y los depósitos electrónicos. En la actualidad ya son más de 85.000 los corresponsales bancarios que han logrado llevar los servicios financieros a los lugares más apartados del territorio nacional. En cuanto a los productos de crédito, la flexibilización de las tasas de interés ha hecho posible que hoy 1,8 millones de personas tengan al menos un microcrédito. De otro lado, ha sido vista con buen recibo la creación de las nuevas sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos - Sedpes, con el objetivo de expandir el acceso de la población a productos transaccionales, así como la posibilidad de que el Sistema Financiero otorgue créditos de consumo de bajo monto (con tope de dos salarios mínimos) con el fin de aumentar el acceso al crédito por parte de personas naturales a través de una alternativa que permite combatir el crédito informal en el país.

Es por esto que, a la luz del nuevo PND, resulta ahora más que imperativo que el país tome desde ya una decisión estratégica acertada hacia la inclusión, la formalidad y la disminución del dinero en efectivo de cara a 2018. Celebramos el hecho de que, en la versión del PND que el Gobierno puso a consideración del Congreso de la República, se lograran incluir dos metas relevantes y varios instrumentos que permitirán dinamizar los procesos de inclusión. Por un lado, se planteó que hacia 2018, 84% de la población adulta tendrá al menos un producto financiero y se habrán creado al menos cinco de las nuevas Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos.  De otra parte, el plan establece instrumentos concretos para la inclusión, tales como las cuentas maestras para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones en las entidades territoriales, la migración del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza - Runeol- a las Cámaras de Comercio y el registro de facturas electrónicas. 

Sin embargo, es necesario que en la reforma tributaria estructural que ha entrado en discusión se replantee la estrategia de recaudo de impuestos vinculados a la tenencia de cuentas bancarias. El país tiene que percatarse que el Gravamen a los Movimientos Financieros, la retención anticipada del IVA, renta, e Ica, vinculados a las transacciones financieras estimulan la informalidad, la evasión tributaria y entorpecen los beneficios derivados del mayor uso de los sistemas de pago financieros que podría obtener la población. Cabe destacar que, adicionalmente, en la actualidad sectores relevantes de la economía se caracterizan por un uso intensivo del papel moneda, por lo que se hace indispensable generar una política pública y privada que contribuya a la creación de soluciones operativas y tecnológicas que implementen medios de pago alternativos al efectivo.

En síntesis, es importante reconocer que hemos logrado grandes avances en materia de inclusión, pero también señalar que tenemos aún el gran reto de bancarizar la cuarta parte restante de la población si queremos alcanzar la anhelada meta de 100%. El Gobierno, en esta dirección, ha contribuido a dinamizar la inclusión financiera, a veces con medias decisivas, y otras veces con medidas de menor tracción, pero sin duda con un aporte significativo para la dinámica de la profundización financiera. Sin embargo, creemos que es urgente que se diseñe una estrategia más clara que permita incentivar la masificación en los medios de pago electrónicos y que viabilice al tiempo el uso de los productos financieros. Tenemos aún el reto de seguir focalizando esfuerzos para dinamizar los procesos de inclusión financiera, pieza clave para el crecimiento económico sostenible.