Dos terribles hechos estremecieron al país y quedarán grabados en la mente de los colombianos. Por un lado, mientras intentaban proteger infraestructura energética, más de 50 policías fueron secuestrados en Caquetá y uno asesinado, por una supuesta guardia campesina, que al parecer opera bajo órdenes de las disidencias de las Farc. Lo que rebasó la copa en este caso fue la total inoperancia del Gobierno para evitar que esto sucediera y referirse después al crimen cometido como “un cerco humanitario”.

Por otro lado, se destapa un inmenso y vergonzoso escándalo de corrupción que involucra supuesta recepción de dineros de reconocidos narcotraficantes por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, con destino a la campaña de este último. A esto se suma que ya el hermano del Presidente, Juan Fernando Petro, está involucrado en una investigación relacionada con platas supuestamente entregadas por capos detenidos en la cárcel de La Picota para acceder a beneficios de la Paz Total. La humillación de la Policía en el Caguán fue revivir momentos dolorosos del pasado.

Solo que en esa época hubo dos presidentes comprometidos con el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas para poder enfrentar al enemigo. Ahora, incluso desde el paro armado, el presidente Petro y sus aliados no les bajaban el calificativo de “asesinos de jóvenes” y que su intención era “sacarles los ojos”. No me imagino la baja moral que debe imperar en las filas, lo que mina su compromiso y efectividad. Hoy en día, sus objetivos de proteger al país y su democracia, quedan diluidos en resguardo social, ambiental, y en construcción de paz. Vaya viendo.

Frente al tema de los “dineros calientes”, quienes enfrentamos 28 años atrás a Ernesto Samper y a sus huestes durante el Proceso 8000, no podemos dejar de ver paralelos. Entonces, también fueron los carteles de la droga, y el mandatario descaradamente afirmaba que todo fue a sus espaldas, que nunca se enteró, y que la plata no llegó porque Fernando Botero y Santiago Medina, respectivamente su gerente y tesorero, se quedaron con ella. Pero aquí con Petro, los involucrados son su propio hijo y hermano, lo que lo hace mucho más grave. Por fortuna, ya la Fiscalía y la Procuraduría tomaron cartas en el asunto. Solo falta el Congreso.

Lo trágico de esta situación, que ha indignado a buena parte de la opinión pública, es que el actual Gobierno ya quedó definido por estos bochornosos hechos, y se pasará el resto del periodo tratando de sobreponerse a ellos. Se consolidó una imagen de que su política es indolente y mezquina frente a nuestros policías y fuerza pública, pero tolerante, generosa, y hasta presuntamente cómplice, frente a las mafias, los corruptos, y los violentos. Esto es algo de lo que difícilmente se recupera. Pero Petro no se va a caer. Se iniciarán investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y veremos repetirse la secuencia del 8000. Los aliados del Gobierno frenarán ese proceso con sus mayorías en la Plenaria, pero cobrarán muy caro ese favor. Esto llevará a una gobernabilidad débil y aún más politizada.

Los próximos meses serán clave para conocer cómo actuarán las diferentes fuerzas políticas, especialmente en el caso de las diferentes al Pacto Histórico. Podría haber sorpresas; recuerdo a muchos liberales que votaron en contra de Samper en 1996. Pero muchos conservadores lo apoyaron lamentablemente. Ahora, el Partido Verde tendrá su momento de verdad ante la opinión. Y todos, absolutamente todos los actores políticos, serán juzgados por la historia en el proceso que se viene.