No cabe duda de que uno de los principales retos de Colombia para los próximos años es reducir la brecha en materia de acceso al crédito y lograr la financiación de actividades productivas estratégicas para el país. Al respecto, se sabe que la falta de información sobre los potenciales prestatarios de una entidad crediticia perjudica la adecuada gestión de los riesgos, la cual resulta fundamental para la ampliación del acceso al crédito.

A la fecha, se estima que 63,3% de los clientes de alguna institución financiera tienen ingresos medios y bajos, además de caracterizarse por tener pocos o ningún tipo de colateral real o respaldo (bienes, fiadores o codeudores) que les permitan soportar una operación crediticia. Estos usuarios solo cuentan con el historial de su comportamiento de pago como garantía, de allí la importancia de una fuente de información completa y de calidad que describa el comportamiento crediticio.

Los burós de información crediticia cumplen el importante papel de centralizar esta información en el país, recopilando no solo los reportes negativos del cliente (un impago) sino también su desempeño de pago positivo (este último representa 90% de toda la información). Conocer ambas caras de la moneda les permite a las instituciones financieras poder otorgar adecuadamente una mayor cantidad de créditos a un menor riesgo.

Actualmente, en el Congreso de la República cursa el Proyecto de Ley No. 053 de 2018, el cual propone reducir el tiempo de permanencia del reporte de mora en las centrales de riesgo por un periodo de hasta dos años, implementar la caducidad de la información negativa (así no se hayan pagado las obligaciones) equivalente a un máximo de cinco años, y dar una amnistía para morosos de seis meses que eliminaría la información negativa, enmarcada en un régimen de transición.

A pesar de las buenas intenciones del legislativo para dar alivio a los deudores, debe advertirse que su aprobación llevaría a que se deteriore la calidad y pertinencia de la información recopilada por los burós. Esto afectaría la capacidad de las entidades financieras para diferenciar el nivel de riesgo que presentan sus clientes y, con esto, la inclusión financiera. Al respecto, cabe anotar que los países con información crediticia de alta calidad exhiben un mayor desarrollo financiero y perciben menores riesgos para originar crédito.

Asimismo, preocupa que, en el proyecto, al ofrecerse una amnistía, se otorgue el mismo trato a los deudores morosos que a aquellos que siempre han estado al día. Equiparar a una persona que ha pagado de forma cumplida con otra que no lo haya hecho promueve la cultura del no pago.

El llamado entonces es a que en el debate se analicen estas propuestas con criterios técnicos, aun si estos contradicen las creencias populares y la opinión de sectores políticos. Adicionalmente, resulta fundamental que las iniciativas cuenten con el acompañamiento del regulador financiero, el cual ha contribuido en los últimos años a establecer herramientas efectivas para dar alivio a los deudores sin ir en detrimento de la información crediticia. Un buen ejemplo de ello es la Circular Externa 026, que permite renegociar las obligaciones para quienes perciban un deterioro en su capacidad de pago sin afectar su historial crediticio. El proyecto de Ley planteado es, sin duda alguna, un palo en la rueda para la inclusión financiera en el país.