Colombia es un país con profundas desigualdades regionales. Mientras el ingreso medio de los habitantes de Bogotá es similar al de Chile, Hungría o Croacia, un habitante promedio del Chocó percibe un ingreso similar al de Bolivia o el Congo. Asimismo, mientras que ciudades como Bucaramanga tiene niveles de pobreza relativamente bajos (8,4%), casi la mitad de los habitantes de Quibdó o Riohacha se encuentran en dicha condición.

Sumado a lo anterior, a diferencia de lo que predice la teoría de la convergencia económica, que establece que las regiones más pobres terminan alcanzando a las más prosperas, estas desigualdades han sido una constante desde inicios de siglo. De hecho, los cinco departamentos que mantenían 60% de la producción nacional en 2000, continúan manteniendo actualmente 61%. Asimismo, los diez departamentos que hace década y media no acumulaban más del 2,5% del PIB, hoy día continúan manteniendo dicha participación. Las brechas regionales también se hacen evidentes en materia de profundización financiera, acceso al crédito e inclusión. El hecho más notable radica en que los primeros cinco departamentos concentran casi 80% del valor agregado del sector de servicios financieros. A nivel sectorial, una de las ramas que ostenta mayores diferencias en su desempeño regional ha sido el sector vivienda, con particular notoriedad en materia de financiación hipotecaria en medio de grandes brechas en materia de ahorro e informalidad. 

Este diagnóstico ha incentivado la búsqueda de soluciones contundentes y enfocadas a la consolidación de un auténtico tejido económico y social en cada una de las regiones para ser ejecutado tanto por el Gobierno Nacional como por las entidades territoriales. Y es que si bien la administración central ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de las regiones y el cierre de brechas entre las mismas, las autoridades locales se han configurado como el eje central de políticas focalizadas que responden a las necesidades específicas de cada región, departamento o municipio.

En este sentido y de acuerdo con estudios recientes de Fedesarrollo, si bien los recursos que transfiere el gobierno nacional central a las entidades territoriales contribuyen de manera positiva con la reducción de la pobreza multidimensional y la incidencia de la pobreza, el diagnostico regional señala que los municipios con menor participación de los ciudadanos en el proceso electoral no sólo tienden a tener mayores índices de pobreza multidimensional, sino que su población en condiciones de pobreza tiende a ser aún más pobre que en los municipios con mayor participación política. Es importante anotar que este hecho refuerza un círculo vicioso que actúa en detrimento de la reducción de las brechas regionales. Esto, sin duda, impone grandes desafíos para los gobiernos locales de cara a los próximos años.

Los retos para superar las brechas en materia de desarrollo, desigualdad, pobreza, inclusión financiera, oportunidades de vivienda propia, entre otros, muestran el carácter imperativo de que el ejercicio democrático se desarrolle bajo criterios de transparencia y progresividad. 

Colombia ha comenzado a tocar las puertas de la Ocde y sin duda es mucho lo que está en juego en las próximas elecciones.  Resulta necesario hacer un enérgico llamado a participar activamente en las elecciones locales de 2015, las cuales son una gran oportunidad para trabajar más arduamente contra las desigualdades sociales y económicas dentro del país. 

Para ello, sin embargo, es necesario que la población asuma de manera responsable su rol como agente de cambio, en línea con las transformaciones que Colombia tanto requiere. De igual forma, además de la necesidad de que los representantes de las administraciones locales conozcan a profundidad las condiciones y necesidades de su población, es indispensable que cuenten con la capacidad de direccionar el rumbo de las políticas públicas hacia niveles de crecimiento y desarrollo sostenibles que nos permitan continuar avanzando, con celeridad, hacia los estándares del primer mundo.