Haría falta mucho más que una columna para hacerle un repaso al último informe que la Ocde entregó al Gobierno colombiano. Empecemos entonces por lo positivo y es que hacen un reconocimiento a la reactivación al expresar: “La economía colombiana se ha recuperado de manera notable de la crisis del covid-19, y una fuerte respuesta de las políticas monetarias y fiscales ha logrado evitar una mayor contracción de los ingresos”. Y no podría ser menos, ya que al haber alcanzado 10,2% de crecimiento del PIB en 2021, y con el organismo previendo 5,5% en este año, nos convierte en medallista de oro.
Pero ya en sus capítulos encontramos una serie de observaciones que no son nuevas, pero que dibujan los retos pendientes de muchos años. La crítica más aguda es en el frente fiscal, donde afirma que “los ingresos fiscales de tan solo 20 % del PIB son bajos incluso en el contexto de la región y resultan insuficientes para financiar las demandas sociales y la inversión pública. El sistema fiscal contribuye poco a reducir las elevadas desigualdades de ingresos, con un impuesto a la renta de las personas que desempeña un papel menor y …es excesivamente complejo”. ¡Bingo! Dieron en el clavo. Este parágrafo solo debería ser el decálogo del futuro ministro de Hacienda. Alguien decía que la Ocde proponía la reforma de Carrasquilla. Y es aquí donde está el problema: recomendaciones técnicas impecables, pero cero posibilidad de tramitación política o aceptación pública.
En el ámbito social, recalcan algo que sí es una tragedia cuando afirman que “Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina. A pesar de una respuesta contundente a la crisis del covid-19, las prestaciones sociales apenas contribuyen a paliar las desigualdades, y la mayor parte del gasto social no se destina a los más desfavorecidos, sobre todo en el caso de las pensiones”. Esto último de pensiones es algo sobre lo que he escrito incansablemente en mis columnas y es que su pilar público es terriblemente regresivo.
Señala también la necesidad de una reforma laboral a la que le llevamos haciendo el quite durante más de una década. Continúan puntualizando medidas contra la corrupción, como una ley que proteja los denunciantes, para después hablar de acelerar los ritmos de vacunación y fusionar los sistemas de salud. Estos últimos no me quedan tan claros, ya que el país exhibe una de las mejores campañas de vacunación en el continente, y nuestro sistema de salud nunca colapsó frente al embate inicial del covid-19.
En donde menos aplica es cuando nos hablan de techo de deuda al afirmar que “se prevé que la deuda se estabilice en torno a 59% del PIB durante los próximos diez años, 8,5 puntos porcentuales por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Esta evolución implica un descenso de los colchones fiscales y deja menos margen para reaccionar ante posibles acontecimientos adversos que se produzcan en el futuro”. Aquí es donde uno le recuerda a la Ocde que sus afiliados exhiben niveles de deuda pública que van desde 257% del PIB como Japón, hasta 79% como Alemania, que es considerado de los más países mas prudentes fiscalmente hablando. En realidad, estamos en la tabla baja en este respecto.
El hecho es que el documento de la Ocde hay que leerlo como un documento técnico, con un análisis sólido, y con una serie de recomendaciones que debemos revisar en algunos casos, aplicar en otros, y descartar en los que la realidad y las posibilidades superen su alcance, así como lo han hecho muchos países miembros.