Los primeros 100 días del gobierno Duque se han visto marcados por un intenso debate político. Esto ha sido resultado, entre otros, del arduo proceso electoral de mitad de año, del talante transformador del Presidente y los lineamientos sobre lo que será su agenda programática en el próximo cuatrienio.
En las últimas semanas hemos observado como las propuestas y programas del nuevo gobierno, los cuales apenas comienzan a implementarse, han sido objeto de juicios apresurados por parte de diferentes sectores, tendientes más a restarle legitimidad al Ejecutivo que a plantear una discusión constructiva sobre el diseño de las políticas públicas. Este ambiente de pugnacidad es ciertamente preocupante, en la medida que puede poner en riesgo la reactivación económica y el trámite de las imperiosas reformas en frentes tan diversos como el fiscal, el pensional, al sistema educativo y salud, entre otros.
Es ilustrativo lo que ha venido aconteciendo con la ley de financiamiento, iniciativa que es crucial para cumplir con los objetivos que están en línea con la sostenibilidad fiscal, impulsar el crecimiento del sector real, así como financiar un gran número de programas sociales que el país valora y requiere. Al respecto, si bien es claro que este tipo de leyes nunca estarán exentas del debate político, pues afectan los intereses de diversas personas naturales y jurídicas, no es menos cierto que de no aprobar la iniciativa se comprometerían inversiones estratégicas en infraestructura, así como en salud y educación, que ya están contempladas en el presupuesto de 2019.
Es claro que los gastos señalados contribuyen no solo a reducir la incidencia de la pobreza, sino que abonan terreno para el crecimiento económico de largo plazo, por lo que es un acierto del gobierno proponer estrategias para financiarlas, sin descuidar la sostenibilidad fiscal.
En consecuencia, la ley de financiamiento incorpora instrumentos que no solo aumentarían el recaudo con el que se financiaría el presupuesto aprobado para el próximo año, sino que también beneficiaría los niveles de competitividad, equidad y formalización en el país, tal y como se pretende con la reducción de la tarifa de renta corporativa, el impuesto al patrimonio para personas naturales, la unificación de las cédulas tributarias o la creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
Los debates, en este y otros frentes de política del Gobierno que recién empiezan a implementarse, ya sea en materia de orden público, educación, vivienda y saneamiento básico, salud, sostenibilidad, migración, competitividad y emprendimiento, exigen, en la coyuntura actual, mesura y prudencia. Descalificar la efectividad de políticas que aún no han comenzado a implementarse, termina alimentando discusiones apasionadas e imprecisas. Estos primeros 100 días han sido positivos para el diseño de una agenda económica amplia, ambiciosa y acertada en un país con rezagos importantes en materia económica y social. Dar un compás de espera a las políticas del gobierno Duque, aun en medio del sano debate, es hoy el camino más acertado en este difícil pero prometedor proceso de construcción de país.
En este escenario, es importante hacer un llamado a adoptar posturas libres de prejuicios y dogmatismos con el fin de darle altura al debate económico en un contexto de grandes y diversos desafíos. Como colombianos, no podemos ser inferiores a este reto.