La discusión del tamaño del Estado es transversal a toda la política pública; impacta el apoyo a poblaciones vulnerables, los servicios de salud y educación, las pensiones, la infraestructura, el aparato de justicia, la defensa nacional. En fin…casi todo. Deuda pública, por supuesto. Pero incluye también una discusión profunda de hasta dónde van el Estado y el sector privado en la provisión de bienes y servicios, así como de mayores y mejores empleos, y su impacto en las políticas y proyecciones de crecimiento. Aquí no estamos hablando solo del Gobierno Nacional, sino del agregado con los gobiernos regionales y locales.

Minhacienda acaba de presentar a las Comisiones Económicas de Senado y Cámara su anteproyecto de presupuesto por $345 billones para 2023, lo que es casi 25% de nuestro PIB estimado para el próximo año. Esta cifra ya no corresponde a un estado pequeño para un país de ingreso medio alto. Pero, aún así, está por debajo incluso de pares regionales como Argentina y Brasil. Ni hablar de pares de la Ocde, donde las cifras superan 50% en Francia o en España, donde llegan a 40%.

Pero el análisis se complica un poco cuando añadimos el gasto de los departamentos y municipios. De acuerdo al Plan Financiero 2022, el presupuesto de estos añade 7% al gasto total, con lo que estaríamos alrededor de 32%. Aquí es cuando ya estamos acercándonos a nuestros pares de la Ocde y superando a pares regionales como Chile, Perú, y México. Y como ha sido común para nosotros tratar de aprender qué han hecho los tigres asiáticos como Singapur, Corea y Taiwán (los dos primeros miembros también de la Ocde) para alcanzar sus niveles de bienestar y competitividad, decidí mirar a cuánto asciende la carga del Estado en esos países.

Mi sorpresa fue que hasta 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional, nunca estuvieron por encima de 27% del PIB. En ninguno. Imagino que los guarismos habrán subido con la pandemia, igual que Colombia. Y sus niveles de servicios a la población son superiores a los nuestros, excepto en salud. También, antes de que me corrijan, mantienen gastos en defensa nacional parecidos a los nuestros.

Es decir, bajo varios parámetros comparativos, la carga impositiva del país está llegando a un techo, especialmente si queremos bajar nuestros niveles de deuda pública y recuperar nuestro grado de inversión. Aumentarla solo iría en detrimento de nuestra competitividad y nuestras proyecciones de crecimiento a largo plazo, lo que significan menos empleos y menos ingresos fiscales a futuro para financiar gasto social. Nos enfrentamos, además, al cansancio y la impaciencia del público para enfrentar reformas tributarias adicionales que se han dado en promedio cada dos años en las últimas décadas. Y el desgaste político de sacarlas adelante cada vez es mayor. Pero se necesitan recursos frescos para bajar el déficit y cumplir la regla fiscal, independiente de la austeridad decretada, dicen los expertos. Puede ser, pero demos la discusión completa de la sostenibilidad del gasto público y no solo del ingreso fiscal.

Lo que sí es innegable es que este dilema será uno de los temas más difíciles en el próximo gobierno. Y no lo podrá postergar, así el año próximo no sea tan crítico, presupuestalmente hablando, por la suerte del precio del petróleo y la bonanza de los commodities. La oportunidad y la capacidad de hacer algo de fondo es en este segundo semestre con el capital político fresco y la gobernabilidad sólida. Después, el costo político es muy alto y los resultados insuficientes.