La inclusión financiera desempeña un rol fundamental en el crecimiento económico de un país y en el bienestar de sus habitantes. Sus bondades abarcan tanto el ámbito macroeconómico, al promover mayores niveles de ahorro, inversión y formalidad, como el ámbito microeconómico, al generar reducciones significativas en los índices de pobreza y desigualdad.

Así las cosas, la implementación de estrategias encaminadas a aumentar el acceso y uso de los productos financieros debe ser prioritaria en la agenda económica y social de Colombia, un país en el que, si bien se han evidenciado grandes avances en términos de desarrollo, aún prevalecen importantes retos en materia de pobreza, desigualdad y desempleo.

Al respecto, debe destacarse el arduo trabajo que tanto el Gobierno Nacional como las entidades del sector financiero colombiano han realizado en este frente. En efecto, han cumplido su cometido al incrementar la proporción del número de adultos con al menos un producto financiero de 57% a 82,6% en los últimos diez años, ofreciendo también a los empresarios colombianos diversas alternativas de ahorro y financiación.

No obstante, los resultados han sido dispares en varios aspectos. En primer lugar, las zonas rurales del país evidencian un importante rezago en materia de acceso a productos y servicios financieros frente a las zonas urbanas. Mientras el número de adultos con al menos un producto financiero en el área urbana del país bordeó 90% en junio de 2019, en las zonas rurales fue de 66,1% y en las áreas rurales dispersas tan solo 55,3%. Una situación similar se observa al establecer comparaciones regio- nales, pues el Eje Cafetero y la Región Centro Oriental presentan mayores indicadores de inclusión financiera que el Caribe y Pacífico colombiano.

En segundo lugar, la población entre 18 y 25 años presenta un menor nivel de acceso al sistema financiero. Estos resultados no son sorprendentes pues responden, por un lado, a que gran parte de este segmento poblacional se encuentra económicamente inactivo y, por otro, a que presenta una alta incidencia del desempleo. En efecto, los registros más recientes del Dane muestran que al corte de julio de 2019, 17,5% de los jóvenes se encontraban desempleados, cifra significativamente superior al registro del total nacional (10,2%).

Todo esto nos permite establecer dos reflexiones. La primera que, pese a los avances, conviene establecer una metodología específica para conocer y abordar las necesidades financieras de los jóvenes colombianos; y la segunda, que no podemos hacer caso omiso a la influencia de los indicadores del mercado laboral ni de las demás variables económicas sobre la inclusión financiera.

Sumado a lo anterior, también llama la atención que, al analizar los niveles de inclusión financiera empresarial, se observa que del total de las firmas que cuentan con una cuenta de ahorro, menos de 50% hacen uso activo de esta. Asimismo, preocupa que a la fecha el país no cuente con registros de información que permitan determinar con precisión el grado de inclusión financiera por tamaño de firmas, dificultando así la formulación de las políticas para impulsarla.

La inclusión financiera, tanto de personas naturales como empresas, tiene la capacidad de favorecer a la economía nacional a través de mayores alternativas de ahorro y crédito, de allí que puede afirmarse que es fundamental para el desarrollo. La continuidad del trabajo mancomunado entre el Gobierno y el sector financiero continuará siendo imperativo en este frente.