Las escenas en 18 municipios del Valle y Cauca eran suficientemente potentes; familias enteras en la calle cocinando en improvisadas estufas de leña, utilizando ramas y chamizos entre dos ladrillos con la olla encima. Es decir, nos devolvimos 100 años, ya que las pocas boquillas eléctricas en el mercado se esfumaron en menos de dos días. Restaurantes y comercios afectados y algunas industrias operando a media máquina. El caos total.

La verdad no fue culpa de la empresa prestadora del servicio, que se enfrentó y solucionó con mucha rapidez un inesperado fenómeno natural no previsible. Pero que estemos avocados a este tipo de situaciones que se pueden repetir, sí tiene una razón, que no es otra que la desidia en emprender un proyecto que se lleva discutiendo diez años y no se pone en marcha. No es otro que la terminal de gas licuado en Buenaventura con su respectiva planta Regasificadora y la adecuación del gasoducto respectivo.

La situación actual es que el suroccidente depende en su abastecimiento de gas para los hogares, industria, y comercio, del gasoducto Mariquita-Cali, que nos trae el preciado combustible desde La Guajira, dejando costosamente a la región al final del tubo. Cualquier cosa que suceda en ese largo tramo nos afecta irremediablemente, dejándonos en extrema vulnerabilidad como ya lo hemos visto.

Por temas de trabajo, estuve en contacto hace dos años con los inversionistas extranjeros que se habían ganado el proyecto de construir la terminal de recepción de un innovador sistema de transporte de gas y la instalación de dos plantas tanto en Buenaventura como en Palmira. La pandemia y la rigidez del Ministerio de Minas hicieron el proyecto imposible. La Gobernación del Valle tampoco empujó y todo se quedó en veremos. Claro, el proyecto tenía costos importantes, pero que podrían ser asumidos por el privado en un esquema de concesión. Oportunidades perdidas.

Esta semana nos anuncian de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) que actualmente se encuentra abierta la convocatoria pública para seleccionar el inversionista que pueda acometer este proyecto, que de todas maneras implicará consultas previas con las comunidades. Aquí hay unos riesgos, sumados a otras características exigidas, que pueden ahuyentar interesados y que ya han sido señaladas por actores regionales. Además del costo, que se estima preliminarmente en US$700 millones. Y prevén su entrada en operación para mediados de 2028, por lo que no hay tiempo que perder.

Queda entonces el problema macro por resolver que es asegurar el suministro a futuro de gas, cuando se anuncia que las reservas probadas se han reducido en 11% lo que nos abastece solo para siete años. Si esta noticia, más el campanazo de lo sucedido la semana pasada en el suroccidente, no es suficiente para hacer repensar al gobierno su política minero-energética, estamos ante un gobierno que prioriza la ideología y la escasez sobre la sensatez y la realidad. Vayamos tomando nota.

P.D. ¿Cuánto terminará costándole a los vallecaucanos el puente sobre el Río Cauca en Juanchito “El puente de los 3.000 días” porque lleva ocho años en obra, y hasta ahora, sin haberse terminado, casi que duplica su presupuesto inicial? ¿Qué explicaciones da la Gobernación como encargada de la obra?