La pandemia del covid-19, además de generar una crisis económica sin precedentes a lo largo del globo, ha exacerbado las tensiones sociales y políticas. En los últimos meses hemos observado que, tanto en países desarrollados como emergentes, los niveles de conflictividad se han incrementado, a la vez que el deterioro de los indicadores sociales le ha permitido a caudillos y agrupaciones políticas alternativas ganar una mayor cantidad de adeptos.
Ante esta compleja coyuntura, en muchos países, siendo Colombia uno de ellos, se ha visto que algunos representantes de la clase política tradicional han optado por realizar señalamientos que, además de alejarse de la verdad, se encuentran alineados con las consignas de aquellos que, en teoría, lucen como opositores y acuden al populismo.
Una muestra de lo anterior se presentó en el marco de la Gran Convención Nacional Programática del Partido Conservador. En esta, el ex presidente de la República, Andrés Pastrana, mencionó que las entidades bancarias no habían apoyado a los colombianos en el marco de la pandemia, hecho que, en su opinión, no se compadecía con los esfuerzos realizados por el país para que en su mandato se rescatara al “agonizante sistema bancario y financiero que había heredado”.
Al respecto, cabe mencionar que dichas afirmaciones no son ciertas, por lo que resulta oportuno rebatirlas. En primer lugar, debe recordarse que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), creado en 1998 para hacer frente a la crisis económica y preservar la estabilidad financiera, fue reglamentado por la Corte Constitucional, entidad que estipuló que los recursos se destinarían a la banca pública (10%), las cooperativas financieras (60%) y los deudores del sistema Upac (30%). En consecuencia, debe quedar claro que en ningún momento la banca privada recibió recursos provenientes del GMF, tal y como reconoció su propio exministro de hacienda en esa oportunidad, Juan Camilo Restrepo, en el mismo evento. Como vallecaucano, puedo asegurar que, si lo afirmado por el exmandatario fuera cierto, todavía existiría Interbanco, Corfivalle (la mayor Corporación Financiera del país) y la FES (la mayor compañía de Financiamiento Comercial del país).
Desde aquel entonces, la banca privada, junto a una banca pública reactivada y repotenciada, ha venido haciendo grandes esfuerzos para gestionar de manera adecuada los riesgos y robustecer sus niveles de liquidez y solvencia en línea con los estándares internacionales, hecho que ha permitido que, en medio de la peor crisis económica de nuestra historia, el sector financiero haya apoyado de manera significativa a los hogares y las empresas. En efecto, cabe anotar que, en la primera fase de alivios a corte del 31 de julio, el sector había otorgado periodos de gracia a cerca de 11,8 millones de personas por $225 billones (cerca del 42,5% del total de la cartera). Asimismo, a corte del 18 de noviembre, bajo el programa de Acompañamiento a Deudores, alrededor de 1.6 millones de beneficiarios pudieron redefinir deudas por un monto cercano a los $30 billones.
A lo anterior se suma que el otorgamiento de crédito por parte del sector financiero continuó fluyendo durante el periodo de la pandemia. En particular, entre el 20 de marzo y el 13 de noviembre, el monto de los desembolsos bordeó los $212.23 billones (21% del PIB).
Lo anterior pone de presente que la banca privada colombiana no ha sido rescatada, y, por el contrario, ha contribuido de gran manera al crecimiento económico y la estabilidad financiera del país por décadas. Por ello, preocupa que las discusiones en torno a su papel se planteen con base en señalamientos equivocados que busquen réditos políticos y no en los hechos.