Las acciones encaminadas para fortalecer la tenencia y el uso de los productos y servicios financieros han trascendido a tal punto que, hoy por hoy, son reconocidas como piezas necesarias para incrementar el desarrollo económico. Por ello, las discusiones en torno al análisis y a las alternativas para ahondar la inclusión financiera han trascendido del resorte meramente sectorial a la política pública.

Es evidente que las personas incluidas financieramente toman decisiones más acertadas de ahorro e inversión, lo que les permite planificar mejor su consumo, ahorrar para hacer frente a contingencias y emprender proyectos productivos.

En hora buena, hoy en día el país cuenta con varias metodologías complementarias para diagnosticar, conocer los avances y, por tanto, mejorar la capacidad para contar con políticas que promuevan la inclusión financiera.
En efecto, los resultados más recientes del Indicador de inclusión financiera (IF), del Global Findex (GF) y del Estudio de demanda de inclusión financiera (EDIF) muestran avances importantes en este frente. En cuanto al IF, debe destacarse que Colombia es pionera a nivel regional en este tipo de medición.

Dicho indicador mide el porcentaje de adultos que tienen por lo menos algún producto financiero. Al cierre de 2017 este indicador llegó a 80,1%, el nivel históricamente más alto. La tendencia de estos resultados fue confirmada por el EDIF, donde 77% de los encuestados reportó tener algún producto financiero, mientras en 2014 este resultado se encontraba en 67%.

Las buenas noticias también llegaron con el informe del Banco Mundial. Según el GF, Colombia aumentó su tenencia de cuentas de ahorro y/o depósito de 39% a 46% y, a su vez, continuó siendo líder regional en tenencia de créditos (14%), junto a Perú.

No obstante, estas buenas noticias vienen acompañadas de importantes retos. Primero, se deben generar avances significativos en materia de tenencia de cuentas y crédito. Según el GF, en la Ocde el porcentaje de personas encuestadas sobre tenencia alcanza 95% para las cuentas y 20% para el crédito. Segundo, se debe afrontar las causas que fomentan la autoexclusión financiera.

De acuerdo al EDIF, el ahorro y el crédito formal padecen de una alta autoexclusión, síntoma de que la educación financiera aún no permea efectivamente o, incluso, no llega a muchos sectores de la población. No se debe olvidar, tampoco, que el sobreuso del efectivo aún campea en nuestro territorio, un hecho que abona el terreno para la informalidad, entre otros flagelos.

Con el propósito de superar estos obstáculos debe intensificarse el trabajo en educación financiera y así lograr que las personas conozcan la importancia de recurrir y usar productos financieros formales que mejoren su bienestar.

Por supuesto, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías deben ser un aliado para que las personas tomen mejores decisiones financieras, de allí la importancia de que el Gobierno Nacional continúe focalizando esfuerzos para que todo el territorio tenga conectividad móvil y acceso a internet de banda ancha.

Se hace necesario, por tanto, continuar con una política pública que fije para el próximo cuatrienio una meta de 100% en inclusión financiera. Alcanzarla y aumentar el uso de los productos y servicios financieros nos permitirá, de la mano de una asertiva coordinación público-privada, continuar dinamizando nuestras sendas de crecimiento desarrollo y convergiendo a los estándares de los países de la Ocde, organización de la que hoy hacemos parte.