Una de las principales preocupaciones de la coyuntura actual, con la propagación del Covid-19 y su efecto en la economía mundial y local, es el deterioro de las cuentas externas del país. Muchos de sus componentes están en la mira de analistas económicos, calificadoras de riesgo y del propio gobierno. Las remesas, en este escenario, son precisamente uno de los rubros de la cuenta corriente que, pese a venir presentando cifras récord históricas, podrían perder tracción en los próximos trimestres debido a la difícil situación de los principales países que originan la mayoría de estos giros.

El flujo de remesas es un componente de gran importancia no solo en Colombia sino en casi todos los países de ingreso medio-bajo, pues, según el Banco Mundial, de ellas depende la mayoría de las divisas que entran a este tipo de economías, superando en muchos casos la inversión extranjera directa que reciben.

Bajo este escenario, es propicio recordar que las distintas olas migratorias que se dieron en nuestro país décadas atrás dejaron como saldo cerca de 5 millones de colombianos radicados en el exterior. Esta población realiza envíos periódicos, en su mayoría para la subsistencia de sus familias y para inversión en activos fijos o ahorro. Además, el giro de estas divisas, que para 2019 representó el 2,1% del PIB y el 3,1% del consumo de los hogares, ha contribuido de manera decisiva a impulsar la demanda interna y mitigar el déficit de la cuenta corriente.

Actualmente, cerca de 66% de la transferencia de remesas provienen de Estados Unidos y España, países con las cifras más elevadas de contagiados en el mundo y donde se espera una fuerte reducción en el crecimiento económico y el empleo. Las más recientes estimaciones señalan que, en caso de materializarse las previsiones más desalentadoras sobre la desaceleración del crecimiento del PIB de Estados Unidos y España (del orden de 8,5 y 7,7 puntos porcentuales, respectivamente) así como las previsiones sobre las mayores tasas de desempleo, las remesas experimentarían una contracción de entre el 30% y 45% en 2020.

Además, mientras las condiciones laborales en el exterior sigan empeorando, la depreciación del peso será un tibio amortiguador para los efectos nocivos en los ingresos de los receptores de estos giros, lo que supondrá un choque adicional en la dinámica del consumo privado en el corto plazo.

La inevitable reducción de remesas bajo el escenario actual podría, a su vez, incrementar la tasa de desempleo entre dos y tres puntos porcentuales adicionales, considerando que parte de los beneficiarios de estos giros, que pertenecen a la población inactiva, tendrían que paulatinamente empezar a buscar empleo para contrarrestar la caída de sus ingresos, con la natural dificultad que supone la baja demanda y la eventual destrucción de empleo en varios sectores económicos. Esto imprime, sin duda, grandes desafíos para la política pública en un contexto de fuerte deterioro económico y pérdida de bienestar de muchos hogares colombianos.

El escenario es, sin duda, complejo e inquietante. La extensión del periodo de aislamiento, en el cual se encuentran también muchos países del mundo, traerá consigo costos en materia de estabilidad y sustento de familias y empresas, pero es desde luego primordial para acotar la propagación del virus, proteger la vida de los colombianos, y garantizar una reactivación más rápida de la actividad económica y laboral.

La invitación es a continuar aunando esfuerzos entre el sector público y privado y a que, como colombianos, continuemos priorizando la solidaridad con quien más lo necesita.