En sus distintas métricas, los niveles de informalidad en el país han disminuido durante los últimos años, una necesidad que el país venía demandando de manera categórica e imperativa. Estos avances, en buena parte atribuibles a los ritmos de crecimiento de la última década y al sostenido dinamismo de muchos sectores productivos, han sido también resultado de los ajustes normativos en materia tributaria, los cuales desempeñaron un rol fundamental para generar incentivos a la formalización, tal como ocurrió con los avances generados mediante la reforma tributaria de 2012.
Sin embargo, los ritmos de reducción de la informalidad han comenzado a dar señales de ralentización y relativo estancamiento. Según el Dane, la tasa de informalidad a mayo pasado se situó en 48%, una cifra que luce aún elevada y que ha permanecido relativamente inalterada durante los últimos ocho meses. El análisis de la informalidad desde el punto de vista de afiliación a la seguridad social (salud y pensión) muestra niveles incluso más elevados y preocupantes, con tasas que bordean 62%. Esto, claramente, impone el reto de seguir desarrollando mecanismos que garanticen sendas de formalización sostenidas.
Adicionalmente, las externalidades negativas asociadas a la informalidad han venido acompañadas de aquellas asociadas a la evasión tributaria y al alto uso del efectivo, lo que ha terminado fortaleciendo la economía sumergida y restando dinamismo al crecimiento económico.
En este escenario, la reforma tributaria que el Gobierno Nacional está preparando, además de lograr un mayor recaudo público y una mayor estabilidad macro-financiera, podría convertirse en un instrumento clave para impulsar el crecimiento y la equidad. Es, sin duda, una gran oportunidad para lograr cambios estructurales que garanticen el bienestar de la población, la estabilidad financiera del país y la superación de los flagelos que le restan competitividad a la economía. Y es que para que el país avance hacia un proceso sólido de reconciliación, con mayores niveles de equidad, inclusión, crecimiento y desarrollo integral, los esfuerzos contra la informalidad, la evasión y la ilegalidad deberán redoblarse.
En efecto, la incorporación de medidas que promuevan la formalización, la mayor utilización de los medios de pagos electrónicos, reduzcan la evasión y fortalezcan la lucha para reducir el sobreuso del efectivo continúan siendo hoy nuestros principales derroteros. Por ello, las recientes propuestas presentadas por Asobancaria, que bien podrían resumirse en : (i) la reducción de dos puntos del IVA a los pagos electrónicos con criterios de progresividad, (ii) el establecimiento de una meta de recaudo electrónico de impuestos nacionales, (iii) la incorporación de un modelo de Monotributo, (iv) la restricción al pago en efectivo de bienes inmuebles y vehículos de alto valor, y (v) la no discriminación de tarifas en detrimento de los pagos electrónicos, lucen acertadas y bien vale la pena ser consideradas en el marco de la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso próximamente.
Estas medidas han demostrado a nivel teórico y empírico ser eficaces para alcanzar mayores niveles de recaudo tributario, promover la equidad vertical y horizontal, aumentar la eficiencia económica y administrativa, y estimular el consumo y la demanda interna. Asimismo, su implementación permitirá: (i) apoyar la construcción de una economía más formal, eficiente e inclusiva, (ii) reducir los elevados desbalances externos y fiscales y (iii) dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de reducción del efectivo, inclusión financiera y fortalecimiento de la gestión tributaria.
Una economía que avanza en el desarrollo de instrumentos que le permitan afrontar decididamente la informalidad, la evasión y la trazabilidad de las operaciones, es una economía que progresa hacia la construcción de una sociedad basada en la cultura de la legalidad, la equidad y la prosperidad de manera sostenida.