No es un tema taquillero por decir lo menos. Todos quienes lo conocen saben que hay hacer ajustes en el sistema pensional de Colombia. Propuestas y análisis abundan, pero decisiones de fondo en los últimos años nada. Mientras tanto, según la Cepal, estamos con una cobertura pensional de apenas el 26,7% entre adultos mayores de 65, que se desploma a 0,8% en el quintil más vulnerable, con un costo fiscal que promedia el 3,5% del PIB. Un gasto muy alto para una cobertura muy pobre. Solo para comparar, Chile, con un esfuerzo fiscal equiparable, logra una cobertura promedio de 83,7%, que es relativamente uniforme a través de todos sus quintiles. Todo un logro de equidad del país austral que sus sectores de izquierda han demeritado y ahora quieren desmontar.

Lo primero que se destaca en nuestro sistema público, llamado Régimen de Prima Media (RPM), es su componente de subsidios mal dirigidos. En un ensayo sobre política económica del Banco de la República el año pasado, sus autores muestran que “en el estado actual del RPM los subsidios son regresivos, puesto que…aumentan con el nivel del ingreso base de cotización y, por tanto, son en general más altos para las personas de mayores ingresos, mientras que resultan negativos para la población usualmente más vulnerable (aquella que no alcanza a cumplir los requisitos de pensión)”. El camino a seguir debería ser claro…cortar el subsidio a las pensiones altas. Pero las presiones políticas de los beneficiados lo han hecho imposible. Aun así, puedo vislumbrar una alternativa en que limitemos el subsidio a un techo razonable. De esta manera, liberamos recursos para ampliar y reforzar dos programas que sí atienden población vulnerable como son Colombia Mayor que subsidia a población de Sisben 1 y 2, y el programa BEPS que consiste básicamente en un ahorro para la vejez con contrapartida del estado.

El hecho es que no podremos ignorar el tema por mucho más tiempo simplemente porque no es sostenible y no está logrando resultados, ni es equitativo. El viernes pasado la Ocde reportó que Colombia era el país miembro con más rápido envejecimiento después de Corea del Sur. ¿A qué viene esto al tema? Pues en el ensayo mencionado bien anotan que un “descenso sostenido en la fecundidad implica un incremento relativo en la población retirada que vive de transferencias (intertemporales, intergeneracionales o fiscales) y una disminución relativa del porcentaje de la población que las genera, sea por ahorro, impuestos o aportes a pensión”. Alcanzo solo a pensar en el “bono demográfico” de la migración venezolana como paliativo frente a esta situación.

¿Cómo podemos entonces insertar las pensiones al debate político en una forma que los candidatos no salgan quemados por hacer propuestas audaces y/o sensatas? Mi respuesta es mirar experiencias exitosas de afuera y lo que mas resalto es la creación de cuerpos regulatorios técnicos que bajo ciertos límites (por ejemplo, no cambiar condiciones a personas que estén a menos de diez años de pensionarse, o no converger las edades de pensiones de hombres y mujeres), puedan ir haciendo ajustes a medida que cambian parámetros tales como expectativa de vida u otros.

Mientras se da ese debate, lo que si los políticos debieran dejar de mirar son los recursos administrados por los fondos privados, donde no solo no se succionan recursos del estado, sino que se han demostrado impresionantes rentabilidades en el tiempo. La calentura no está en esas sabanas, excepto para nuestros populistas kirchneristas criollos que ansían financiar sus extravagantes propuestas con el ahorro de los colombianos.