Sector privado y políticas públicas
América Latina y el Caribe es la región que a nivel mundial presenta los mayores retos para el sector de alimentos y bebidas, lo cual tiene un impacto directo en términos de seguridad y soberanía alimentaria, lucha contra la malnutrición, pobreza, generación de empleo y hambre.
En esta región, la industria de alimentos y bebidas padece una sobre oferta regulatoria, la cual en dos años se ha incrementado en un 21% según lo reporta el último monitoreo realizado por 17 gremios industriales de Centroamérica, Caribe y Suramérica; con las implicaciones en cuanto a estabilidad jurídica que esto conlleva.
Es en nuestra región donde se creó una nueva y absolutamente distinta forma de clasificar los alimentos, la cual se basa en el nivel de procesamiento y en la cual se afirma que en asuntos de nutrición y salud pública se ha prestado mucha atención al contenido de nutrientes de los alimentos, pero no a su nivel de procesamiento, al punto que el debate ha llevado a que un pan, un paquete de maní con uvas, un ponqué o a un jugo de naranja se le despoja de la condición misma de alimento, y lo clasifican como algo que se puede consumir -un comestible ultraprocesado- como escuchamos ahora en los debates.
Los tipos gráficos de los etiquetados nutricionales, creados para facilitar la toma de decisiones de los consumidores, son totalmente distintos en América Latina y el Caribe, respecto a los que a nivel mundial se han establecido o se encuentran en etapa de deliberación. Aquí los símbolos de alerta y advertencia, como discos pares, se promueven como la única opción válida y efectiva y se acompañan de intensas campañas mediáticas demonizando cualquier propuesta en contrario, lo cual contrasta con la realidad de otras latitudes, para citar algunos ejemplos, en Oceanía se usa un sistema de conteo de estrellas, en Estados Unidos se emplea el sistema de cantidades diarias orientativas el que indica la cantidad de energía y de determinados nutrientes con respecto a las necesidades diarias, o Francia que usa el “Nutri-Score” calificando los alimentos con letras y colores, o inclusive múltiples países que utilizan sellos en positivo como “Healthier Choices” y en todos el enfoque y la concepción sobre la industria de alimentos y bebidas y el procesamiento es distinta a la que le estamos dando en nuestra región.
Decir que en este frente América Latina y el Caribe es la punta de lanza de propuestas regulatorias y políticas públicas sobre las cuales no se tiene certeza sobre su costo efectividad no es desacertado, sin embargo, esto sucede al tiempo que la región enfrenta grandes retos que ameritan la mayor rigurosidad a la hora de proponer e implementar acciones para su abordaje. En América Latina y el Caribe, se padecen con fuerza las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y se registra un aumento considerable de las tasas de desempleo, hambre e inseguridad alimentaria, al punto que pese a la irregular y tímida reactivación económica -salvo contadas excepciones- los indicadores de desocupación y niveles de pobreza y pobreza extrema, son mayores a los observados antes de la llegada del covid-19.
Las cifras son de alerta, para 2021, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 86 millones de personas vivirían o sobrevivirían en situación de pobreza extrema y 201 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza. Por otra parte, los indicadores clave del mercado de trabajo aún no han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia y según la Organización Internacional del Trabajo nuestra región presenta una de las perspectivas más negativas.
En relación con el hambre, y como lo determinó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en América Latina y el Caribe sufrimos el punto más alto en veinte años, tras cinco años consecutivos de aumento continuado. El número de personas aquejadas de inseguridad alimentaria grave en la región se incrementó en 27,5 millones entre 2019 y 2020, y es de 60,2 millones si se incluye la población que padece inseguridad alimentaria moderada. 92,8 millones de personas en América Latina y el Caribe pasaron hambre o un día entero sin comer y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad también ha aumentado en los últimos decenios, al punto que en América Latina y el Caribe, 7,5% de los niños menores de cinco años tiene sobrepeso.
Ante estos enormes retos la única forma en la cual podemos esperar resultados reales, afianzar la recuperación y lograr que el crecimiento beneficie a quienes más lo necesitan es con medidas que vinculen al sector privado, que congreguen los millones de latinoamericanos que hacen empresa y que a la hora de legislar o regular se haga basado en la evidencia, en la ciencia, en los datos, es decir- que imperen los más altos estándares de producción normativa, esta sería la forma de romper en positivo el status quo.