Analistas 31/08/2023

Cuentas de tendero de barrio frente a la reforma laboral del Gobierno Petro

Santiago Martínez Méndez
Experto en asuntos laborales

Camilo (nombre recreado) es dueño de una tienda ubicada en la localidad de Suba y al igual que cerca de los 550.00 tenderos que se estima hay en el país (Según estudio de Fenalco, 2022) está tratando de entender los impactos que le generaría la reforma del Gobierno que se discutirá en el congreso en los próximos meses. Cálculo que no solo impacta a los cuatro trabajadores de su tienda, sino a más de 1.800.000 personas que trabajan en tiendas (Fenalco, 2022).

Con calculadora en mano, hace sus cálculos de cual será la realidad de los gastos que tendrá que afrontar, en caso de que se apruebe la reforma.

Camilo tiene una tienda de barrio con cuatro trabajadores y abre de lunes a sábado de 6 am a 9:30 pm y los domingos de 8 am a 4 pm). De lunes a sábado, sus trabajadores prestan servicios 48 horas por semana y trabajan dos domingos por mes, pagando todas las obligaciones de manera responsable como empleador un salario mínimo más subsidio legal de transporte, prestaciones, recargos, parafiscales, vacaciones y demás, hoy en día la nómina le cuesta promedio por mes: $7.452.608. Con lo cual, le quedan en promedio (dato no oficial) $3.547.392 como dueño de la tienda.

Empeñado en mantener la tienda abierta las mismas horas para no perder su clientela y en los cuatro trabajadores que considera necesita para que siempre esté bien atendida, hace un cálculo donde incluye seis horas extras por semana pues la jornada máxima se reduce a 42 horas para 2026 (en línea con la reforma de 2021), recargos nocturnos desde las 7 pm, recargos dominicales y festivos a 100% (para 2026).

El cálculo se hace más agudo al ver que al reducir la jornada el valor hora incrementa 14% (pues ahora sería de $5.523 y que no era cierto que el recargo nocturno eran unos pocos pesos, pues las horas extras y recargos son base para el cálculo de las demás acreencias laborales. A cada trabajador le suma al mes 26 horas extras, 39 horas nocturnas y 16 horas de recargo dominical y ahora su nómina pasó a costar 9,127,043, es decir, un incremento mensual de 22,46% y su ganancia como microempresario podría quedar en $1.872.956.

Camilo queda preocupado y pensando que le iría mejor buscando un trabajo que manteniendo su tienda abierta, o; tendrá que pensar en acortar las horas de atención; subir los precios en su tienda; comprar una máquina donde la gente hace el pago automáticamente sin necesidad de una persona atendiendo la caja y desde luego; despidiendo al menos a un trabajador así el servicio empeore.

Cuando se disponía a pasar el trago amargo de las difíciles decisiones que tendría que tomar para poder mantener en pie su negocio con algo de utilidad, le explican que a través de la negociación por industria (que quedaría al azar de la reglamentación) podría tener que pagarles a sus trabajadores salarios y beneficios extralegales negociados por las grandes superficies (cuyo costo extralegal puede ser de 60% por los beneficios que hoy en día ya tienen los trabajadores de esas grandes empresas) y, que la huelga estará a la orden del día.

Para rematar, descubre el incremento en las indemnizaciones, más días de permisos, incremento de la prescripción de 3 a 5 años, tener que pagarle a un abogado para entender por qué no puede seguir con algunos contratos a término fijo o para desarrollar el proceso disciplinario, entre varias sorpresas más.

Rápidamente, Camilo entiende que la reforma laboral, que tiene apariencia de bondadosa porque los trabajadores ganarán más, traería efectos complejos para su negocio; procede a explicarle a sus trabajadores que las empresas grandes son las que podrán cumplirla, que en todo caso los precios de bienes y servicios subirán y que tendrá que tomar decisiones sobre qué hacer, pues una vez aprobada la ley, se presumiría que los despidos sin justa causa son discriminatorios, teniendo la carga de probar lo contrario.

Esta historia de un microempresario, pero puede ser la de miles, quienes con esfuerzo brindan más de 80% de la fuerza laboral productiva del país. Ojalá, el Congreso los oiga o al menos, saque su calculadora y haga las cuentas.

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