Los anuncios del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, sobre la lucha contra el contrabando destacan la necesidad de combatir una actividad que afecta el recaudo, la competencia, el empleo formal y la seguridad económica.

El 29 de septiembre, la Dian informó sobre la aprehensión de mercancías avaluadas en $38.520 millones en Cali, principalmente calzado. El 5 de octubre anunció medidas cautelares sobre mercancías por $20.155 millones, tras operativos en varias regiones.

Estos operativos merecen reconocerse y constituyen una oportunidad para fortalecer, junto con el gobierno nacional, la prevención del contrabando. En ese propósito, resulta pertinente plantear una pregunta fundamental: ¿cómo ingresaron esas mercancías al país y qué podemos aprender de estos casos para fortalecer los controles?

A los resultados de las aprehensiones debe sumarse el fortalecimiento de la capacidad para prevenir el contrabando, detectar oportunamente operaciones de alto riesgo y facilitar el comercio legal.

Los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos son puntos estratégicos del control aduanero. Allí confluyen autoridades, operadores privados y sistemas de información que deberían permitir identificar riesgos desde las etapas previas al arribo de las mercancías.

Cuando no se acredita la introducción legal de mercancías, es indispensable establecer su origen, las rutas utilizadas y, de ser posible, reconstruir la cadena logística y documental.

No todas las mercancías irregulares ingresan por lugares habilitados: existen rutas clandestinas y declaraciones fraudulentas. Pero cuando una operación utilizó canales sujetos a control, la investigación no debe limitarse a importadores, transportadores o comercializadores. También debe examinar los procedimientos y, si hay indicios, las actuaciones de los servidores responsables.

Esto no supone presumir responsabilidades ni desconocer a los servidores que cumplen su deber. Se trata de determinar, con pruebas y respeto del debido proceso, si hubo deficiencias, negligencia o posibles actos de corrupción.

Las autoridades disponen de manifiestos, documentos de transporte, declaraciones, datos de importadores y proveedores, valores, clasificación arancelaria y antecedentes de cumplimiento. La interoperabilidad y el análisis de estos datos mediante inteligencia aduanera y modelos de riesgo permitirían detectar inconsistencias antes de que las mercancías lleguen a su destino. La digitalización de los trámites debe acompañarse de alertas oportunas, intercambio seguro de información y trazabilidad de las decisiones.

El objetivo es fortalecer la anticipación y la gestión del riesgo como complemento de los operativos de control. Supervisar a los funcionarios que controlan puertos, aeropuertos y fronteras es tan importante como fiscalizar a los operadores de comercio exterior. Las inspecciones, autorizaciones de levante y modificaciones de perfiles de riesgo deben dejar registros electrónicos auditables, con responsables identificables y revisión independiente. Deben fortalecerse los controles de integridad, la supervisión directiva y la investigación de irregularidades, con garantías de debido proceso. No se trata de multiplicar inspecciones ni exigencias a operadores cumplidos, sino de concentrar los controles en operaciones de mayor riesgo, protegiendo la competitividad y la facilitación del comercio. Colombia cuenta con una base institucional que conviene aprovechar, sin necesidad de crear nuevas instancias. El artículo 31 de la Ley 1762 de 2015 creó la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando. El impulso anunciado por el gobierno nacional ofrece una oportunidad para fortalecer esta Comisión, en articulación con las autoridades competentes y el sector privado, y promover el seguimiento al cumplimiento de sus decisiones.

Desde Analdex queremos contribuir a los esfuerzos del gobierno nacional y aportar, en el marco de esa Comisión, a una agenda conjunta con tres prioridades: prevención basada en información y tecnología; reconstrucción de rutas y operaciones irregulares; y fortalecimiento de los controles y de su supervisión institucional.

Cada aprehensión de especial relevancia debería dar lugar a un análisis de las rutas utilizadas, las posibles vulnerabilidades y las medidas correctivas procedentes, con responsables y plazos definidos. Esto exige diferenciar los hallazgos comprobados de las hipótesis que deban investigarse.

La Comisión debería publicar balances periódicos sobre compromisos ejecutados, vulnerabilidades corregidas y resultados preventivos, protegiendo la información reservada. El sector privado debe aportar datos confiables, trazabilidad y alertas bajo protocolos de confidencialidad.

Cada golpe al contrabando debe ser también una oportunidad para identificar cómo operan estas redes, corregir las fallas que aprovechan y fortalecer la prevención. Analdex está comprometida a sumar esfuerzos con el gobierno y las autoridades mediante el trabajo público-privado en prevención, integridad institucional y facilitación del comercio. El marco de la Ley 1762 ofrece una base para fortalecer ese trabajo conjunto y avanzar en resultados medibles.