Si el Gobierno quiere promover el crecimiento económico a través de un impulso a las exportaciones, puede considerar una reforma comercial que reduzca la protección existente y permita continuar abriendo la economía colombiana.

Es el momento para hacerlo. En primer lugar, la fuerte devaluación -que parece se quedará por un buen tiempo- ha llevado a que los exportadores y productores colombianos que compiten con bienes importados tengan una mejor posición competitiva. Segundo, esta reforma comercial sería un mensaje importante para empresarios extranjeros quieren diversificar sus cadenas de suministro buscando destinos atractivos en medio del nubarrón causado por la guerra comercial entre China y EE.UU. Tercero, simplificar tarifas arancelarias ayudaría a reducir el contrabando técnico, gran preocupación de los empresarios colombianos.

Son diversos los análisis que han reconocido como países con mayores niveles de comercio y menores niveles de protección, han presentado mayores tasas de crecimiento económico. Si bien es cierto también que los efectos negativos del libre comercio son evidentes, a nivel de toda la sociedad, estos han sido ampliamente superados por los impactos positivos. La labor del Estado entonces consiste en ayudar a aquellos sectores negativamente afectados por el libre comercio.

Pero a pesar la evidencia acerca de las bondades del comercio internacional, Colombia continúa siendo un país muy cerrado. El valor de las exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB ha permanecido relativamente constante en 35% en los últimos años. Esta relación es menor que en países como Singapur (253%), Chile (60%) Perú (45%), Costa Rica (62%), y el promedio Latinoamericano (46%).

Después de la apertura de los años 90, casi todos los Gobiernos han aumentado los aranceles e impuesto toda clase de barreras no arancelarias para, con la mejor intención, buscar ayudar sectores específicos. Gracias a estas medidas, la protección efectiva en Colombia hoy día es similar al momento previo de la apertura económica (García, Mondes, Giraldo, 2019) y en todos los rankings internacionales aparecemos como un país muy cerrado.

Esta protección se constituye en un “impuesto a las exportaciones”, que para Colombia fue estimado en 9,3% (Tokarick, 2007). El impuesto se da por dos vías. Primero, la protección encarece los bienes importados y por tanto reduce el precio relativo de las exportaciones. Es decir, ningún productor va a querer exportar leche o carne cuando en Colombia puede vender estos mismos productos 50% mas caros que en el mercado internacional. Dicho de otra manera, el mercado local es muy cómodo. Segundo, la protección aumenta el costo de bienes intermedios (ie. maquinaria e insumos) utilizados para la producción de productos de exportación.

Si Colombia quiere dar un impulso a las exportaciones podría reducir los aranceles a un nivel general cercano a 3% o 4%, similar a Chile y Perú. Este cambio debe ser complementado con una reducción significativa de barreras no arancelarias. Esta reforma, se ha estimado que traería un aumento de hasta del 15% en el valor de las exportaciones (Tokarick, 2007).

La propuesta mencionada es apenas un elemento más para la discusión de un problema complejo como la débil estructura exportadora colombiana. Hay muchas más causas detrás de esta realidad, que como el costo país o la cultura exportadora, podrán ser motivo de otras columnas.