Analistas 05/10/2015

Buen despertar monetario y fiscal de Colombia

Sergio Clavijo
Prof. de la Universidad de los Andes

Dado el marcado deterioro global de los países emergentes a lo largo de 2015, particularmente de Brasil, Anif había venido alertando sobre la urgencia de un pronto accionar por parte del Banco de la República (BR) en los frentes monetarios-cambiarios y del gobierno en el frente del ajuste fiscal.

De no ocurrir, decíamos recientemente, Colombia arriesgaba con seguir la misma suerte del Brasil en el sentido de arriesgarse a iniciar una carrera de deméritos por parte de las calificadoras de riesgo. En el caso del Brasil, dicho demérito lo ha llevado ya a perder su preciado “grado de inversión”, tan solo dos años después de las alertas lanzadas en 2013.  

Veíamos con preocupación que en los discursos del BR abundaban los eufemismos sobre una supuesta “desaceleración ordenada” (en medio de una galopante devaluación-inflacionaria) y a nivel del Ejecutivo se preciaban de un “ajuste inteligente” (con drásticos recortes del componente de inversión, que tanto requiere el país para ganar en competitividad).  La parsimonia en uno y otro caso eran comunes denominadores que empezaban a preocupar también a los inversionistas del exterior. Esta situación requería de acciones sustantivas para dejar claro que Colombia honraría su bien ganada credibilidad, tanto en el frente de la “inflación objetivo” como de la novedosa (pero aun improbada) “regla fiscal”.

La buena noticia macro-económica para Colombia es que al cierre de septiembre hemos visto por fin acciones en la dirección correcta. Cabe aplaudir, por ejemplo, que el BR hubiera aprobado (y por unanimidad) un alza en su tasa repo, llevándola a 4,75%.  Recordemos que cerca de 45% del mercado estimaba que esa alza de la repo-central era clave para re-anclar las expectativas de inflación.

Anif, en particular, venía clamando por este accionar desde hacía dos meses y resultaba bastante desconcertante que numerosos co-directores dieran señales erráticas sobre lo inconveniente que resultaría llegar a subir dicha tasa, aun en presencia de una inflación subyacente que superaba el tope del rango meta de 4%. Así que se “ha hecho el milagrito” de iniciar el proceso de re-anclaje de las expectativas inflacionarias de cara a 2016, pero ello seguramente requerirá alzas adicionales en la tasa-repo, llevando hacia 5% antes de finalizar 2015.  Esto es particularmente cierto frente a reajustes del salario mínimo que bien podrían desbordar una inflación que estará bordeando 5% al cierre de este año.

En el frente fiscal, también cabe aplaudir el reciente accionar del Ministerio de Hacienda, al crear una serie de “seguros presupuestales” de cara a un recaudo tributario que se estará resintiendo por cuenta del menor ritmo de actividad económica, dado que la expansión del PIB-real bajará de 4,6% en 2014 hacia la franja 2,5%-3% en 2015 y, seguramente, hacia 2%-2,5% en 2016. 

Decíamos entonces que esa desaceleración económica llevaría los recaudos hacia 13,8% del PIB en 2015 (vs. 14,4% programados en el MFMP-2015).  Más aún, si neteamos el efecto de las transferencias-Cree (atadas al Sena-Icbf-educación según la Ley 1607 de 2012), se observa que el crecimiento nominal del recaudo sería solo de 5,6% anual en 2015, casi tres puntos porcentuales por debajo de la meta señalada por el gobierno.  

En este sentido, hace bien el Ministro de Hacienda en tomar estas medidas preventivas, por el lado del gasto, para enfrentar los faltantes fiscales del 2015-2016; primero, “metiendo al congelador” cerca de $2 billones de gasto de 2016, sujetos al desempeño tributario, y segundo pensando en “otro seguro” en función de todo el presupuesto, para así poder honrar un déficit de gobierno central no superior a 3% del PIB en 2015 y de 4% del PIB en 2016.  

Sin embargo, la problemática fiscal tiene un claro carácter estructural, luego también le ayudaría al gobierno moverse desde ya en la dirección de allanar el camino para adoptar una reforma tributaria que le permita incrementar la relación Recaudo/PIB en al menos 2% del PIB en cabeza del gobierno central.