Esta es la denominación que los analistas le han dado a la estrategia de manejo de conflictos internacionales a manos del imprevisible presidente Trump 2.0 (ver J. Guyer “Donald Trump’s…”, diciembre-2025). Destacan de dicha estrategia su habilidad para pensar en soluciones heterodoxas a problemas recurrentes (como los del Medio Oriente o los de América Latina en Venezuela, Nicaragua y Cuba).

A manos de tal estrategia ha estado la explotación de “zonas grises” en su bloqueo a tanques petroleros en Venezuela (con bandera y papeles ilegales) o el asemejar las “zonas de no-vuelo-permitido”, aplicadas a las narco-avionetas en 1980-1990, ahora a las “zonas de no mar-permitido” para atacar narco-lanchas-rápidas.

Mientras se debate la legalidad de tales acciones o la conveniencia de declarar guerra abierta a Venezuela, por ser una narco-autocracia con clara violación a los derechos humanos, es evidente el debilitamiento económico que tal accionar ha venido causando sobre Venezuela y su régimen militar-socialista. Se trata de dar golpes efectivos a narcotraficantes en América Latina (incluyendo a México) y a organizaciones terroristas (Hezbola en Medio Oriente), aunque ello tiene efectos colaterales indeseados, como la gran hambruna que se ha generado en la zona de Gaza (unos 500.000 afectados) o cerca de 100 fallecidos en los ataques marítimos en costa de Venezuela.

Pero tal vez el principal inconveniente de esta “cowboy-diplomacy” es que, al carecerse de una estrategia de apropiado seguimiento a las causas profundas de dichos problemas, se corre el riesgo de no estar abordando la solución estructural de los problemas; muchos de ellos llevan décadas sin resolverse. En el corto plazo, tiene Trump 2.0 para mostrar a su favor el detenimiento de la escalada nuclear en Irán y la búsqueda de nuevo régimen tras asesinato de Jamenei, un detente en la invasión de Ucrania a manos de Rusia y debilitamiento del régimen socialista en Venezuela, con sus vasos comunicantes sobre Cuba y Nicaragua.

Ahora bien, claramente la solución estructural a estos problemas no puede iniciarse sin tenerse, primero, un debilitamiento de dichas fuerzas militares y lejos estamos economistas-abogados de poder dictaminar la mejor manera de “iniciar la solución”. Pero si se lograse restablecer la democracia, entonces habrá esperanza sobre adopción de soluciones estructurales. La premio Nobel de Paz, María Corina, ha llamado la atención sobre la oportunidad histórica que representa esta coyuntura de inicios de 2026 para tal propósito.

Y hablando de orientación hacia soluciones estructurales en América Latina, resulta útil comentar aquí lo despistado que luce D. Rodrik (2025 “The Post-Neoliberal…”, Project Syndicate, diciembre 16) al suponer que existe un elevado consenso sobre su visión de la agenda, la cual él cataloga como el “neoliberalismo postpandemia”. Supuestamente, esa agenda debe basarse en: i) profundización en soluciones a problemas DIE (Desigualdad, Inclusión y Equidad); y ii) detener los avances de innovación-digital y en IA para asegurarse que ellos no sustituyen puestos de trabajo.

Según Rodrik, el instrumental apropiado para temas DIE sería la adopción del nefasto impuesto a la riqueza, donde el Petrismo hizo eco al postular el restablecimiento en cabeza de patrimonio empresarial, a instancia de una nueva declaratoria de emergencia económica febrero-2026. Y como los polos opuestos (derecha-izquierda) se tocan históricamente, haría bien el Uribismo-Santista en explicarle al Petrismo cómo fue que esas políticas (2002-2006 y repetidas en 2012-2016) frenaron la inversión y terminaron por desacelerar el crecimiento de Colombia, ver gráfico adjunto.

Olvida Rodrik que los excesos en preocupación redistributiva suelen achicar la torta a repartir y de allí el “castigo Trump 2.0”. Más bien debería él recapacitar sobre urgencia de retomar agenda pro-inversión en infraestructura y renovación de fuentes energéticas. Relatan con profundidad Dunkelman (“Why Nothing…”, 2025) y Klein y Thompson (“Abundance”, 2025) cómo los desafíos en dotación de vivienda, educación y transición energética habían sorteado bien los años 1960-1980, a través de un marco regulatorio comprensivo. Pero la creciente y compleja regulación actual amenaza con paralizar tales progresos sociales durante 2026-2030. Recordemos algunas cifras que ilustran el buen camino que se traía, por ejemplo, en control ambiental. El número de días con peligrosidad ambiental en la ciudad de Los Ángeles se redujo de 160 en 1980 a tan solo tres actualmente. En materia de dotación de vivienda masiva se tienen los logros en los Estados sureños, donde se había contribuido al “sueño americano”. Con relación a la cobertura en educación superior, esta se había elevado al 50% y las mejoras salariales duplicaban sus ingresos respecto a los no universitarios. Pero ahora los permisos de construcción requeridos a nivel federal son unos 60 por proyecto, generándose el conocido efecto NIMBYard. La falta de pertinencia educativa y el advenimiento de IA han frenado esas ganancias salariales de los universitarios; y los efectos del calentamiento global están restringiendo el acceso de la clase media a los seguros de vivienda. Luego no se trata de frenar la IA, sino de acoplarla a la competitividad global y la educación a su pertinencia actual.