La tasa de desempleo ha continuado arrojando preocupantes resultados al incrementarse en +1,1 puntos porcentuales (pps) en lo corrido de 2019 (enero-abril), promediando ahora un 11,4%. Cerca de la mitad de ese deterioro se explica por lo ocurrido a nivel urbano en las 13 principales ciudades del país (+0,7 pps).

Esta trayectoria está tornando muy difícil que se cumpla el pronóstico de Anif de eventualmente reducir al 9,4% el promedio del desempleo en 2019 (vs. 9,7% observado en 2018). Pese a que se tiene la idea de que parte de ese deterioro se explica por la presión laboral resultante de 1,6 millones de inmigrantes de Venezuela (+2% de nuestra PEA), las cifras señalan que la tasa de participación laboral, de hecho, se ha reducido en -0,3 pps, promediando un 63,2% en enero-abril de 2019.

Ha sido más bien el negativo impacto de elevar el Salario Mínimo Legal (SML) en 6% (2 pps por encima de lo que era económicamente sensato) y la baja tracción que muestra la creación de puestos de trabajo (-0,5 pps en enero-abril de 2019) lo que está detrás de este mal desempeño del mercado laboral. Además, llama la atención que, en vez de focalizarse en los problemas fundamentales, el Gobierno Nacional continúe desorientado gastando sus energías en temas de tercer orden, como la reglamentación de las bases de cotización de los trabajadores independientes (tras equivo- carse al proponer subirlas en el Plan Nacional de Desarrollo, ver Comentario Económico del día 6 de marzo de 2019) y en tratar de darle un tercer aire al fracasado sistema de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs).

Todo esto luce aún más preocupante a medida que escala la tasa de desempleo y se empiezan a deteriorar las ganancias que se tenían en materia de formalización laboral. En efecto, hay indicios recientes de que los dineros asociados a las cotizaciones del PILA estarían reduciéndose nominalmente (cuando cabría esperar un incremento cercano al +6% anual por cuenta del reajuste del SML).

Esto es señal de que los independientes “se están zambullendo” nuevamente, frente al doble efecto de una Ugpp insistiendo en cobrar “impuestos-puros” sobre ingresos que nada tienen que ver con el mundo laboral y en momentos en que se ha restituido el oneroso “impuesto patrimonial” (Ley 1943 del 2018). Pero aún a nivel de los asalariados, cabe recordar que solo un 45% de la PEA cotizó al menos dos veces durante el último año y solo el 20% lo hace a lo largo de todo el año (ver gráfico adjunto).

Nuestro llamado de atención en esta ocasión tiene que ver con el agravamiento del problema de formalidad laboral y calidad de las contribuciones al PILA por cuenta de los riesgos inminentes que encierra la reglamentación que se haría del manejo de BEPs aprobado en el PND (Art. 197 de la Ley 1955 de 2019).

Este riesgo consiste en que trabajadores que devenguen por debajo de 1 SML podrían entrar a cotizar un 15% del sueldo (14 pps para BEPs y 1 pp para ARL) y de esta manera “entrar al mundo formal” aduciendo que cumplen con el “piso mínimo de protección social”.

El problema es que esta era una idea que originalmente se había planteado para ser aplicada al sector rural, donde los ingresos bien podrían estar por debajo de 1 SML y los tiempos por debajo de los 20 días al mes. De hecho, Anif aplaudió el “jornal diario integral-rural” para ser aplicado en tiempos de cosechas, especialmente cafetera (ver Informe Semanal No. 1439 de noviembre de 2018).

Sin embargo, si el Gobierno decide extender esta idea al sector urbano, pronto estaríamos drenando los ingresos públicos de Colpensiones-AFPs y del sistema de salud en su totalidad, agravando también la difícil situación fiscal. Claramente la Ugpp no estaría en condiciones de controlar “contrataciones temporales-urbanas”, contribuyendo por debajo de 1 SML, las cuales vendrían a sustituir las cotizaciones que en cerca de un 65% hoy se hacen a nivel de 1 SML en el PILA.

Por último, cabe repicar aquí sobre lo fútil que resulta insistir en el esquema de BEPs, donde se ha comprobado que los estratos bajos (aquellos que no lograron allegar tiempos/dineros para acceder a una pensión) simplemente no tienen capacidad de ahorro.

De allí que no deba sorprendernos que de un total de afiliados de 1,3 millones al cierre de 2018, tan solo 230.000 (18% del total) ahorraban. ¿Y sabe usted cuanto ahorraban en promedio mensual? Cifras tan bajas como $18.000/mes, con lo cual resulta una ilusión pensar que los BEPs serán la tabla salvadora de nuestros náufragos-pensionales.

Por todas estas razones, Anif ha venido insistiendo en que una buena solución sería aplicar los dineros ya existentes en las AFPs del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm), que son cerca de $22 billones equivalentes a casi el 2,2% del PIB, para comprar “rentas vitalicias” de 1 SML para unos 500.000 ahorradores que sí estuvieron cerca de alcanzar sumas de $150 millones a lo largo de su vida laboral (sabiéndose que lo requerido para tal fin bordea hoy los $180-$200 millones por “anualidad”), ver Informe Semanal No. 1457 de abril de 2019.