Roberto Junguito Bonnet (Marzo 1943 - Diciembre 2020) le advertía a Colombia: “(...) Es claro que reducir los niveles de deuda actuales, así como recuperar la calificación de Grado de Inversión perdida (en 2020), solo será posible por medio del trámite de reformas fiscales estructurales en los próximos años que aumenten el recaudo sin afectar la actividad empresarial, a la vez que hagan más eficiente el gasto público destinado a atender las necesidades de la población más pobre” (ver Prólogo al libro “Política Fiscal: Una Visión de Futuro (2021, Asobancaria).

En época electoral, todo lo anterior cobra mayor sentido y teniéndose alta incertidumbre sobre desempeño socio-económico de Colombia. Mientras S&P y Fitch degradaron a nivel especulativo nuestra deuda en 2021, Moody’s la ratificó un escalón por encima del grado de inversión y con “perspectiva estable”.

Resulta entonces importante evaluar deterioros macro-financieros relativos Vs. absolutos. Moody’s enfatizó que el deterioro de la relación Deuda Gobierno Central/PIB de Colombia (+30 puntos durante 2012-2021) había estado en línea con lo ocurrido en países pares. Si sondeos electorales indican probabilidad de 60% de que Colombia pudiera continuar con su tradición de buen manejo económico, esto constituiría un elemento diferenciador crucial frente al resto de América Latina. Esto implica adoptar políticas de re-anclaje de déficits externo-fiscal, apoyados en un gobierno inclinado hacia el centro-político.

En reciente investigación (ver Documento Cede-Uniandes No. 4 de Febrero 2022), he analizado la posible dinámica de la deuda pública bajo diferentes escenarios, llegando a la conclusión de que el principal esfuerzo debe provenir del incremento del recaudo, como mínimo, pasando de 14% hacia 16% del PIB en el horizonte 2022-2024. Es claro que la situación fiscal de Colombia luce desafiante a la hora de evitar que la relación deuda/PIB desborde 70%. Esto debido a las presiones de gasto-social y de balance-primario que debe llevarse a valores no inferiores a 1% del PIB.

Allí contemplo tres alternativas: Caso A (continuar con el gasto social requerido por la pandemia, bordeando +2% del PIB, pero sin reforma tributaria que los sostenga); Caso B (recortar ese gasto social, dada la ausencia de mayores recursos tributarios); y Caso C (mantener ese gasto social, pero apoyados en un mayor recaudo tributario y en privatizaciones de empresas Estatales).

La conclusión es que, aun el caso B (así no sea lo más prudente recortar el gasto social), Colombia tendría dificultades para contener la relación Deuda/PIB por debajo del 73% hacia el 2024 (ver gráfico adjunto). Esto debido a: i) la inflexibilidad del gasto a la baja, donde 85% de las partidas presupuestales están atadas a mandatos constitucionales y/o leyes que han sido difíciles de alterar; y ii) la insuficiencia del recaudo.

Bajo el escenario A (No tributaria, Sí gasto social) la relación Deuda/PIB escalaría de forma rápida hasta llegar a 75% del PIB en 2024. Bajo el escenario C (Si tributaria, Sí gasto social) la deuda se lograría contener en 73% del PIB y se darían señales positivas de estabilidad social y de mayor crecimiento al impulsarse también la inversión productiva. Bajo el escenario B (No tributaria, No gasto social) la deuda también se eleva hacia 73% del PIB y se dan señales de desanclaje fiscal y social.

La coyuntura 2023-2024 luce adecuada para entrar a modificar una Regla fiscal que: i) durante 2014-2019, nunca cumplió el pronóstico de descenso futuro inmediato, ni de tendencia, de la relación Deuda Bruta/PIB; ii) se alteraron los criterios de fijación de las llamadas brechas de precio-petróleo y PIB; iii) se introdujeron cláusulas de “escape” recurrentes; y iv) la dinámica de la deuda nunca estuvo en función del balance primario requerido para estabilizarla. En hora buena contamos ahora con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que seguramente se asegurará de no repetir este tipo de errores hacia el futuro.

Por último, es crucial avanzar en apropiados diagnósticos sobre problemas de evasión-elusión tributaria para evitar caer en el error de recomendar nuevas alzas en tasas efectivas sobre los mismos contribuyentes de siempre. En particular, allí analizamos temas como: 1. Evaluación sobre metas de ganancias en eficacia tributaria; 2. Metas en fiscalización no solo de papeles presentados, los cuales se examinan en menos del 1% de los casos y generan imputaciones por no más de 5% del recaudo; 3. registro de contribuyentes inferiores al 2% de la población frente al 55% de Chile y con probabilidad de incrementar el recaudo de solo 8% Vs. 50% en países desarrollados.

De allí la importancia de concretar los correctivos referidos a: controlar adquisición de empresas quebradas para evitar “lavar” sus pérdidas; b. abolir “beneficio auditoria” pagando +10%, pues se convierte en patente de corso para seguir evadiendo; c. reportar retenciones automáticamente; y d. eliminar acreditación de pagos en efectivo. Luce menos promisorio el enfoque de buscar mayor recaudo predial-urbano, aunque a nivel rural mucho se puede hacer. En Colombia el predial recauda 1,6% del PIB/año, cercano al 1,9% que en promedio obtiene Ocde.