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Adle-Restrepo erraron en la designación de Sepúlveda como director del DNP, pues, a pesar de sus credenciales tecnocráticas, carecía de sintonía con su gobierno. Su pro-descentralización era insuficiente frente a la urgencia de acelerar la inversión privada en recuperación minero-energética (incluyendo fracking) y de infraestructura, lo cual era repudiado en el Plan Petrista que Sepúlveda ayudó a diseñar.
Pero el nombramiento de Buitrago en el DNP también genera serios desafíos tecnocráticos, pues carece de la experiencia requerida. Haber sido director de planeación de Pereira da conocimiento práctico descentralizador, pero estructurar el Norte macroeconómico-social de Colombia 2026-2030 debe ir mucho más allá.
Ojalá recomponga Buitrago, a través de subdirecciones, los cuadros tecnocráticos desmantelados bajo Petro. El sector privado ha dado beneficio de la duda a Buitrago, ante las demandantes tareas de reconstrucción (ver comunicados de la CCI y de Andi). Importante tarea la que tiene el DNP-territorial al entrar a definir en qué consiste la descentralización (ver Clavijo, 2025, “Descentralización, Competencias y Sostenibilidad Fiscal”, Ssrn, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5084225).
Empecemos por aclarar que se tiene la errada idea de que el problema de descentralización consiste en que el gobierno se apropia del grueso de la tributación. Actualmente el SGP aporta 3,6% del PIB, de un total de recaudo que bordea 14,5%, luego van a las regiones cerca de 25% de dichos recursos, cuando se tuvo un pico de 35%.
Pero cuán importante aclarar que el total de transferencias (incluyendo complementarias de salud-pensiones) asciende a 12% del PIB. Esto indica que 82% del gasto del gobierno central está “atado presupuestalmente”. Y si se añaden los ingresos regionales de regalías (1,5% del PIB), las transferencias territoriales llegan a 35% (excluyendo recursos de capital).
En ocasiones se cree que descentralizar es otorgar gasto a contratistas regionales. Pero muchos carecen de la experiencia requerida. Luego es un mejor concepto descentralizador apalancar dichas inversiones en conocimiento (FDN o Findeter). Los gastos operativos recurrentes también muestran mejor relación costo-eficiencia si están mediados por la competencia a nivel nacional y con debidas auditorías.
El referente de la calidad costo-eficiencia del servicio a prestar no debe medirse contra el errado criterio de ver si el “contratista es regional”. Y las mejorías en infraestructura deben superar los pobres criterios de los Ocads. Deberíamos edificar sobre la conocida experiencia del Tennessee Valley en EE.UU., donde se usan esquemas de coinversión 70% nación - 30% región. De esta manera se han logrado construir los sistemas de transporte masivo regionales. De igual manera, deben aplicarse a la construcción de acueductos, alcantarillados, dotación de escuelas y hospitales regionales. Esta es la verdadera descentralización.
América Latina ha progresado en descentralización al tenerse elecciones populares en cerca de 90% del territorio y a nivel territorial cubriendo 40%. Estas son ganancias importantes respecto de 24% (nivel intermedio) o de 4% (municipal) que se tenían cuatro décadas atrás. A nivel fiscal, una cuarta parte del gasto total se ejecuta actualmente a nivel territorial, duplicando la incidencia territorial en las últimas tres décadas.
En sistemas federados, el gasto territorial asciende a 49% en Argentina, 45% en Brasil y 32% en México. Colombia muestra un nivel intermedio con gasto territorial de 25%-35% de ingresos tributarios-regalías. Y en sistemas menos descentralizados se tiene un 19% en Perú y 11% en Chile.
La Misión sobre Descentralización (Decreto 1665 de 2021) entregó un reporte en 2024, tras pasar por allí tres directores, con notables cambios de orientación. Allí no se desperdició esfuerzo por tildar a la zona centro del país como culpable de inequidad y centralismo. Se concluía que el problema era el bajo SGP.
Pero olvidaron que la población es el principal criterio de distribución regional, siguiendo la Constitución. Y de allí que los gastos en educación sean 60% del SGP, salud 24%, operativos 8%, alcantarillado-agua 5% y pensiones 3%.
Así que las propuestas de asignaciones alternativas para cerrar “supuestas brechas sociales” son retóricas, pues las actuales están bien orientadas y lo que se requiere es ir acoplando una menor proporción en educación y una mayor en salud-aguas. Esto iría en línea con el evidente descenso poblacional, donde la tasa de natalidad ha venido cayendo hacia 1,4 hijos por mujer (por debajo del nivel reproductivo de 2,1).
Hoy tenemos el grave error de querer atar nuevamente el SGP a los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Y peor aún ha sido la idea de que estos salten de 35% (anterior) a 39,6% (ver gráfico adjunto). Ya hemos visto la inflexibilidad del gasto público. Ni la Misión de Descentralización (2021) se atrevió a cometer tal despropósito fiscal. Varios analistas recomendamos haber arrancado por impulsar una reforma tributaria regional que instrumentara mayores recaudos, especialmente a nivel departamental (World Bank, 2024). Más recientemente planteamos la importancia de adoptar una sobretasa al IVA, la cual dejaría inalterada la tarifa general de 19%, pero elevaría el recaudo efectivo de 9% hacia 17% a través de eliminar múltiples exenciones. Este mecanismo permitiría incrementar el recaudo con destino a los territorios en cerca de 1,5% del PIB (restituyendo el monto histórico del SGP).