Mencionaba Rogoff (2022, “Is the Peace Dividend Over?” Business Post) que los llamados “dividendos de paz” (medidos a través de la reducción del gasto militar) no han sido de la magnitud esperada tras la caída del muro de Berlín en 1989. Si bien los acuerdos balísticos nucleares frenaron el escalamiento entre Rusia y la Otan, los líderes de Occidente han tenido que continuar en su carrera militar defensiva frente a las amenazas de China, Corea del Norte, Afganistán, Siria, Yemen, etc..

Además, con el estallido del conflicto Ucrania-Rusia ha resurgido la carrera armamentista de la guerra convencional, casi como sobre-vivencia de los regímenes democráticos de Occidente. De una parte, Ucrania ha agotado su obsoleto armamento heredado de la “cortina de hierro” y se estima que pronto se le acabarán los apertrechamiento recibidos de los vecinos que antes estuvieron allá (Polonia y Estonia). Recordemos que estos últimos habían acordado cederle a Ucrania, vía la Otan de la cual ahora forman parte, sus propias armas heredadas del antiguo Pacto de Varsovia. En simultánea, Alemania se apresta a ponerse al día elevando su presupuesto militar hacia cerca de 2,5% de su PIB (que ha sido la meta que la propia Otan-Europa ha venido incumpliendo). El reciente triunfo de Macron para el periodo 2022-2027 representa un gran soporte para alcanzar estas metas defensivas.

Y, de otra parte, los Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a enviar equipos de nueva generación (pero no nucleares) a Ucrania, especialmente misiles anti-tanques y de protección anti-aérea. Todo esto nos habla de una nueva revitalización del gasto militar a nivel global, quedando atrás esa idea de poder entrar a cobrar los “dividendos de paz” pos-Gorbachov, donde la reducción de lo militar hubiera mejorado la obsoleta infraestructura. Esta nueva carrera armamentista se focalizará en China y la Otan, pues Rusia estará quedando debilitada tras los bloqueos económicos (estimándose una contracción de su PIB-real cercana a -10% en 2022 y con efectos estructurales hacia el futuro).

En lo relativo a Colombia, el proceso de paz 2016-2018 implicaba haber incrementado el gasto público para la reparación a víctimas y la fase de transición de los reinsertados. Estimábamos entonces que, durante 2018-2022, se estarían requiriendo al menos 2,2% del PIB de gasto público adicional para honrar los compromisos referidos a sustitución de cultivos de coca por café o cacao, transformación del campo para sostenibilidad de otros cultivos, reparación víctimas y operatividad de la JEP, de los cuales cerca de 50% de las fuentes presupuestales eran inciertas.

También señalábamos que llevar a la práctica todo lo prometido en materia dotación de vías secundarias-terciarias, créditos agrícolas y mejoras educativas implicaría añadir otros 3% del PIB, para un gran total de 5% del PIB de gasto adicional durante el periodo 2018-2023 (ver Clavijo, et al. 2016 “Dividendos, Beneficios y Costos del Proceso de Paz”). Esa era la apuesta por una verdadera paz donde los desmovilizados (unos 15.000) abandonarían el narcotráfico, al tiempo que el Estado haría su mejor esfuerzo por evitar que otros delincuentes vinieran a ocupar su espacio (como infortunadamente ha venido ocurriendo).

¿Cuál es entonces el balance de los “dividendos de paz en Colombia” durante este periodo 2018-2022? El gráfico adjunto ilustra cómo el gasto de la fuerza pública (incluyendo Policía) se había disparado de 2% del PIB durante los años ochenta (verdaderamente precario) a cerca de 3% del PIB durante los años 90. Allí se observaron marcados repuntes, en 1997-2003, gracias a la cristalización del conocido “Plan Colombia” (con apoyo de los Estados Unidos). Como decíamos, la esperanza era poder reducir dicho gasto en Fuerza Pública del pico de 4% del PIB 2009-2010 hacia no mas de 2,5% del PIB frente a un promedio regional de tan solo 1,5% del PIB.

Sin embargo, los datos allí registrados nos indican que tan solo brevemente se logró reducir ese gasto en fuerza pública del pico de 3,6% del PIB en 2010 hacia 3% del PIB en 2016. Pero dicho gasto en fuerza pública ha vuelto a escalar a 3,4% del PIB en 2020, dadas las marcadas presiones ejercidas por el narcotráfico, triplicando su área cultivada y duplicado su valor exportado durante 2010-2020. En paralelo, la tasa de homicidios tan solo se logró reducir de 35 por cada 100.000 habitantes en 2010 hacia 23 durante la pandemia covid de 2020. Pero, en 2021, Colombia se empezó a perfilar “hacia la normalidad” de tasas de homicidios de 26 por 100.000 habitantes, mientras que en Chile son de tres y en España del uno.

Infortunadamente, esta situación de paz frágil, escalamiento de narcotráfico y de elevada tasa de homicidios es susceptible de empeorarse si llegara un Petro a la presidencia. Esto por cuenta del negativo impacto que su gobierno representaría para el crecimiento y la inversión productiva. El programa de Petro no habla de construir una mejor Colombia, sino de paralizar el país en los frentes de hidrocarburos, obstrucción del ahorro que apoya la infraestructura, frenar la inversión extranjera directa. Y así Petro hable ahora de actos notariales para despejar dudas sobre no expropiación, en la realidad son bien conocidos los hechos ocurridos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde también se había afirmado lo mismo.