A mediados de 2018, Anif había publicado un escrito analizando la relación entre los temas de infraestructura, la Regla Fiscal y las posibilidades de ganar en eficiencia pública a través de vender una porción adicional de Ecopetrol. En particular, decíamos que debía aprovecharse que la Ley 1118 de 2006 había aprobado la enajenación hasta de 20% de las acciones del Estado en Ecopetrol y que solo se había utilizado hasta la fecha 11,5%, quedando entonces un remanente de 8,5% por vender.

En aquel momento hacíamos eco de una propuesta de Fasecolda en el mismo sentido y que, sin mayor análisis, había sido rechazada por el Consejo Gremial. Sin embargo, el ministro Carrasquilla, al llegar al cargo en agosto de 2018, dijo que estudiaría con detenimiento este tipo de iniciativas de enajenación de activos del Estado para buscar aplicar esos recursos a proyectos con mayores rentabilidades y urgencias en la provisión de bienes públicos.

Ahora, en los inicios de 2019, la Administración Duque ha revivido este tema de la venta de Ecopetrol, aduciendo faltantes fiscales de 0,7% del PIB en 2019 (y de no menos de 1,5% del PIB hacia 2022). Esto como resultado del drenaje en la relación Recaudo/PIB que estará causando la infortunada Ley 1943 de 2018, que comentamos recientemente.

Pero lo que debe quedar claro es que estos recursos de la venta de Ecopetrol no deberían dilapidarse en gasto operativo del Gobierno Central, sino destinarse a fortalecer el capital de la FDN. Solo de esta manera será posible impulsar tantos proyectos de infraestructura que han quedado sin adecuada financiación. Esto último debido a tres factores: i) los repetidos recortes de inversión pública que adoptó la Administración Santos de manera “no tan inteligente” (llevándola a solo 1,2% del PIB en su componente de FBKF para 2019); ii) la retracción financiera que ha generado el impasse de Odebrecht (a nivel de toda América Latina); y iii) las salidas de capital del mundo emergente buscando refugio en los Tesoros de Estados Unidos, como resultado del alza en las tasas de interés del Fed (+225 pb en los dos últimos años).

Afortunadamente, tenemos a mano el buen ejemplo de asignación de recursos a infraestructura provenientes de la enajenación de Isagen bajo Santos II (aunque con algo de tardanza respecto de la propuesta original de Anif en 2009). En efecto, la venta del remanente de 57% de Isagen generó US$2.500 millones a favor del gobierno (duplicando en su venta el multiplicador Ebitda hacia 14 veces) y la totalidad de esos recursos se destinó a fortalecer el apalancamiento de FDN.

Ojalá que no termine por imponerse “la fungibilidad” de los recursos públicos, pues ello terminaría desviándolos hacia gasto operativo recurrente. Además, está de por medio la consideración de que en la Regla Fiscal estos tipos de dineros provenientes de venta de activos deben manejarse “por debajo de la línea” (queriendo decir que no son para gasto “ordinario”).

Escenarios de la venta

El documento de Fasecolda de julio de 2018 presentaba diversos escenarios de valoración de Ecopetrol en función del precio de largo plazo del petróleo (US$60 a US$80/barril-Brent) y del costo del capital utilizado (WACC, de 12% a 15%). Ellos indicaban que el valor actual de Ecopetrol estaría entre US$45.000 millones y US$58.000 millones (equivalente a 14% o a 18% del PIB actual de Colombia). Esto quiere decir que si lo que se ofrece en venta es el 8,5% de este total, pues se estarían obteniendo recursos entre unos US$3.850 millones y los US$4.900 millones (equivalentes a 1,2% o a 1,6% del PIB de 2019). Ello es ligeramente superior a los US$3.200 millones que se vienen mencionando en las últimas semanas (equivalentes a unos $10 billones).

Estas cifras resultan adecuadas para entrar a compensar los faltantes de financiamiento de la segunda y tercera ola de las 4G y también como respaldo a las obligaciones contingentes que puedan derivarse de las llamadas “Vigencias Futuras”. En efecto, Anif ha estimado que, de un total de Vigencias Futuras de 11% del PIB (en VPN), aquellas con probabilidad de alta concreción ascienden a cerca de 1% del PIB.

En términos históricos, es relevante recordar que Anif le había sugerido a la Administración Uribe II (2006-2010) la venta de 10% adicional de Ecopetrol al realizado en 2008-2009 bajo Uribe I. En esos momentos estimábamos que ese 10% ascendía a unos US$3.500 millones (1,4% del PIB del momento).

Estos recursos de la venta de Ecopetrol no deberían dilapidarse en gasto operativo del Gobierno

Lo anterior implica que no existen mayores discrepancias históricas respecto de los precios esperados de venta de Ecopetrol. Sin embargo, su valor de concreción dependerá en buena medida de la trayectoria de los precios del petróleo (en un año de alta incertidumbre global y con compleja geopolítica). Si, como estamos proyectando, el precio continuara recuperándose hasta promediar unos US$72/barril-Brent a lo largo de 2019, no cabe duda de que estaríamos en un buen momento histórico para proceder en esta dirección de venta de 8,5% del valor de Ecopetrol ya aprobado por la Ley 1118 de 2006, con alta probabilidad de obtener valores equivalentes al 1,2% del PIB.

Atrás deben quedar los debates ideológicos sobre el doble error que fue haber destinado, bajo Uribe II y Santos I-II, US$8.000 millones a Reficar.