En un provocativo análisis sociológico sobre la crisis institucional en los Estados Unidos, Fareed Zakaria (“Democracy’s crisis of faith” The Washington Post (Oct. 24 de 2025) concluye que el principal desafío del momento es de carácter “moral”, pues el ciudadano promedio ha dejado de confiar en los “árbitros” que definen la credibilidad del régimen democrático. Según Zakaria, los principios de “imperio de la Ley”, separación de poderes, tolerancia ciudadana y representatividad a través de libres elecciones están todos siendo cuestionados; al punto en que el sistema democrático en los Estados Unidos, aunque todavía preferido frente a las autocracias, está en seria crisis de credibilidad operativa.

Discrepo de dicha conclusión, no en sus hechos, sino en sus raíces, pues Zakaria dice explícitamente que el problema “moral” ha ocurrido, a pesar de que el Estado viene funcionando bien. Me inclino más bien por la hipótesis de que el problema proviene precisamente de que dicho Estado, particularmente el de bienestar-social, ha dejado de operar como bien lo hizo durante 1945-1990.

Análisis como los de Dunkelman (“Why Nothing Works…”, 2025) o Klein y Thompson (“Abundance”, 2025), por el contrario, nos llevan a concluir que no se trata de una “crisis moral”, sino de un sistema bipartidista que viene generando, durante las últimas tres décadas, “arreglos legales” que han dejado de satisfacer la provisión de bienes públicos tan fundamentales como la educación de buena calidad, salud costeable e infraestructura vial y energética que asegure mejor bienestar y a precios razonables.

Luego el problema no es “la desmoralización ciudadana”, per se, sino que para atacar el problema, desde la raíz, sus gobernantes deben buscar prontas soluciones a dichos problemas regulatorios y operativos del Estado. Esto implica que los gobiernos centrales (heredados de Hamilton) y los locales (de Jefferson) deben ceder y buscar un equilibrio entre lo ambiental y lo socio-económico. Se trata de lograr equilibrios, como en el “estrecho corredor” postulado por Acemoglu-Robison (2019).

Y, la nota de buena esperanza, es que ya se tienen identificadas rutas de acuerdos partidistas que permitirían romper esta inoperancia Estatal. En provisión de vivienda, ya se están implementando programas como YesIMBYard, permitiendo ofrecer vivienda masiva, tanto en Texas como en California, y superando absurdos problemas generados por la “zonificación”.

En provisión de energía, se sabe que se requiere ordenar una transición hacia no fósiles, pero también se reconocen los grandes progresos en eficiencia y uso de aguas en fracking, así como acelerar almacenamiento de fuentes alternas eólicas y solares. Tal vez donde menos clara aparece la solución estratégica es en educación, pues se tienen fuertes sindicatos anti-vouchers y prevalecen (allí sí) disputas morales entre educación-religiosa compulsiva (como en Texas y Florida) Vs. oferta pública laica. Así que, desde el punto de vista práctico, el diagnóstico de Zakaria no solo contiene errores, que lo conducen a sobre enfatizar temas morales-políticos, sino que desconoce la acertada línea de acción propuesta por esos otros autores (arriba citados).

Y en Colombia también se tienen pertinentes reflexiones sobre si “el modelo democrático” está fallando por cuenta del persistente clientelismo, una oligarquía empecinada en mantener en ignorancia al grueso de los colombianos y la resistencia conservadora al cambio-libertario, tal como lo postula H. Gómez Buendía (“La Verdadera Historia de Colombia, 2024) y que muchos de sus lectores acogen. Estas hipótesis no son muy distantes de las impulsadas por Acemoglu-Robinson y el Secretariado de las Farc.

Discrepo también de esta visión tan alejada de la realidad de los últimos 20 años en la Colombia en prepandemia (2000-2019), donde la CP-1991 consolidó una democracia-abierta-viva, que, de hecho, llevo al (nefasto) gobierno izquierdista de Petro. Y esto ocurrió tras dos décadas de claro progreso socio económico en Colombia (ver cuadro adjunto): la pobreza se redujo de 45% a 35%; la clase media ampliada se había expandido de 50% a 58%; el coeficiente de desigualdad se redujo de 0,55 a 0,48 (aunque todavía elevado), gracias a las mejores intervenciones Estatales; y el índice de sufrimiento macroeconómico se había reducido de 16% a 14%, arrojando uno de los mejores registros a nivel regional.

Y estando en esta clara trayectoria de continuo (aunque lento) progreso, nos vino la pandemia, requiriendo complejos tratamientos de choques fiscales-monetarios para superar semejante parálisis global. La deuda pública continúo escalando de 35% a 54% durante 2000-2015 y en postpandemia ha llegado a 65% en 2025.

Pero hemos continuado con el progreso (aunque seriamente ralentizado por las erradas políticas Petristas, prácticamente en todos los frentes de política pública). Durante 2020-2025, el índice de sufrimiento macroeconómico ha continuado descendiendo hacia 11%, a pesar de la persistente inflación a 5%; la pobreza continúo descendiendo hacia 32%, pero más por cuenta de los insostenibles subsidios, que por apalancamiento en la inversión-productiva. Así que el nuevo gobierno 2026-2030 deberá corregir estos excesos de gasto público y revitalizar la inversión para elevarla de 17% nuevamente hacia 23% del producto.