Finalizando este gobierno Petro (2022-2026) de elevada irresponsabilidad fiscal, cuán importante se va tornando para gobernantes de 2026-2030 tener un récord histórico claro sobre lo mucho que habíamos ganado en materia de “sostenibilidad fiscal” durante las tres décadas anteriores. Esta tarea nos ayudará a encontrar formas eficaces de elevar recaudo y contener desbordado gasto público.

De manera oportuna, Armando Montenegro (2025 “El Desarrollo de la Tecnocracia Fiscal…” Revista Coyuntura Económica, Fedesarrollo) se dio a dicha tarea al proporcionar detallado recuento histórico sobre articulación de cruciales de decisiones fiscales, pasando por Junta Monetaria, Grupo de Estudios Especiales del BR, DNP, Confis-Vice-técnico del Mhcp y leyes de ordenamiento presupuestal, culminando con Marco Fiscal Mediano Plazo y Comité Autónomo Regla Fiscal, Carf.

Ha sido mucho el avance tecnocrático que le permitió a Colombia destacarse en ámbito regional (junto con México, Chile y Perú) en esta materia organizativa presupuestal; y, sin embargo, los resultados factuales no han sido satisfactorios para Colombia, pues nuestra relación Deuda Pública Bruta/PIB fue en continuo escalamiento (aun antes de pandemia-2020) pasando de 35% en 2012 (cuando se discutía Regla Fiscal) a 55% en 2019 y actualmente bordea preocupante 65%, ver gráfico adjunto.

Las debilidades estructurales de 2015-2019 se exacerbaron, como en el resto del mundo, a raíz de necesidades de gasto para enfrentar covid-19 durante 2020-2022. Pero gobierno Petro fracasó en la importante tarea de elevar el recaudo y contener el gasto, llevándonos a perspectivas fiscales de déficits de gobierno central bordeando 7% del PIB en 2025-2026 y balances primarios (antes de intereses) cercanos a -2% del PIB, cuando el requerido para contener el deterioro de la deuda pública es de +1% del PIB. Esto implica que el ajuste fiscal estructural bordea preocupantes tres puntos del PIB.

Coincido en alta proporción con el relato histórico de Montenegro y me parece útil resaltar aquí sus acertadas conclusiones sobre cómo el nuevo gobierno 2026-2030 debe centrar su atención en: i) remozar la operatividad y relevancia de la Carf, buscando aprovechar su experticia para que se instrumente en Colombia la idea que se tenía (por allá en 1985) de estructurar una verdadera “Oficina Congresional Presupuestal”, similar a la que opera con éxito en los Estados Unidos; ii) repensar el papel de la Comisión Interparlamentaria como la instancia de aprobación de los cupos de endeudamiento internacional, pues en vez de aportar en la búsqueda de estrategias óptimas financieras de lo público, se ha convertido en “zona de peaje-político”; y iii) crear instancias con “dientes-fiscales” vinculantes por parte del Confis-Mhcp, ante conceptos de la Carf que buscan mejor encarrilamiento de una Regla Fiscal que ha fracasado, con el agravante de haberse perdido la línea contingente que el FMI ofrece a países con solidas perspectivas fiscales (… Colombia ha dejado de ser uno de ellos).

También me resulta interesante retomar aquí algunos de los episodios ilustrados por Montenegro para resaltar la importancia de dichos logros tecnocráticos fiscales. Se menciona el papel de Hugo Palacios (exministro de Hacienda) en materia de avances presupuestales, a raíz de la crisis financiera 1982-1983 y el programa de stand-by del FMI en 1984-1986, donde Colombia empezó a replicar cálculos de déficits fiscales de caja y no de mera causación. El BR jugaría un papel importante en este frente, y, de hecho, recuerdo que esos primeros cálculos los hicimos en el piso 11 del BR, guiados por Eduardo Wiesner y Roberto Junguito, ver Clavijo (1984) “El Déficit Fiscal…” Revista del BR.

Haciendo memoria me pregunto entonces: ¿Qué le pasaría a Garay, en sus años más recientes, al olvidar que estos determinantes de financiamiento fiscal explican los peligros de las políticas populistas del petrismo que pasó a apoyar? Y ni qué decir del “campeón de la apertura-comercial” bajo los gobiernos de Barco y Gaviria, pero que hoy invita “al pueblo”, bajo el petrismo, a renegar del comercio-internacional y a adoptar inoperante transición-energética que nos tiene creciendo a 2% anual.

Resalta Montenegro cómo los ministros Hommes, Alarcón, J. C. Restrepo y Junguito jugaron papeles cruciales en establecer los principios de caja (PAC) y la planeación presupuestal que, durante 1988-2003, permitieron instaurar las guías del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Si bien este ejercicio contiene los elementos claves para volver operativa la Regla Fiscal, en la práctica, este barco no ha llegado a buen puerto y hoy está encallado, como bien menciona Armando por errados “anclajes fiscales”.

Cierro mencionando que parte de esta última problemática radica en lo que he denominado “falta de una visión fiscal 360” (ver Clavijo, 2020 “A Fiscal Periscope Analysis” SSRN-WP). Este problema surge de que el Mfmp se focaliza en “deuda pasada” y olvida los impactos que generan las “vigencias futuras” y, más importante aún, las “deudas contingentes” de la seguridad social, donde las obligaciones pensionales y de salud gravitan de manera cada vez más determinante sobre la deuda pública en todo su conjunto intertemporal. Luego este componente de “deudas contingentes” debe vincularse de manera detalla al Mfmp si queremos tener una planeación fiscal confiable.