Durante las tres últimas décadas, el mundo ha ido adquiriendo mayor conciencia de la necesidad de llevar estilos de vida cada vez más saludables. A su vez, las autoridades han ido afinando el arsenal tributario para apuntalar políticas públicas que induzcan a ello. Inclusive la forma de hacer cada vez más compatibles esas políticas públicas con dicho objetivo de vida saludable ha valido el otorgamiento de varios premios Nobel de Economía basados en la llamada “economía del comportamiento”.

En particular, se han hecho grandes avances en disuadir el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas a través de reforzar los “impuestos saludables” durante las dos últimas décadas y a nivel global. También han servido mucho las campañas de educación pública. Gracias a esta buena batería de políticas públicas se ha logrado destronar el ícono del “Hombre Marlboro” y sustituirlo por la imagen de jóvenes y adultos mayores realizando ejercicio a cielo abierto. La siguiente etapa en esta lucha contra “los vicios” se ha venido extendiendo hacia batallar contra la llamada “comida chatarra” y el consumo de las bebidas azucaradas (BA). Diversos estudios han demostrado que existe una elevada “elasticidad precio”, cercana a -0.7, lo cual indica que la adopción de sobretasas impositivas terminará afectando su consumo.

Afortunadamente, tanto la Administración Santos I-II (2010-2018) como la de Duque (2018-2022) también han adoptado estas políticas de impuestos saludables. En particular, cabe resaltar las exitosas extensiones del IVA a su cadena productiva y las sobretasas al tabaco y los licores. Más recientemente, la Ley 1943 de 2018 adoptó el denominado IVA-plurifásico a las BA y también a la cerveza. En esta nota analizaremos brevemente la evolución del marco normativo y tributario adoptado en Colombia en esta lucha contra el tabaco-alcohol y ahora contra la “comida chatarra”. Concluiremos sugiriendo que la exitosa experiencia ganada con el tabaco-alcohol debe extenderse al caso de la comida chatarra, tal como ha venido ocurriendo en Chile y México.

Lucha contra el tabaquismo

Los primeros impuestos a los vicios se desarrollaron alrededor de la industria tabacalera en los años cincuenta en Estados Unidos. Como era de esperar, los productores se negaban a admitir la causalidad entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón.

En Colombia, el impuesto al consumo de cigarrillos-tabaco se introdujo con la Ley 223 de 1995 y posteriormente fue endurecido al prohibir también su promoción- publicidad-patrocinio. Recientemente, la Ley 1819 de 2016 continuó avanzando en el endurecimiento del gravamen al tabaco. Allí se elevó el impuesto específico de $700/cajetilla en 2016 a $1.400-$2.100 en 2017-2018. Este último ha tenido la doble bondad de: i) generar mayor recaudo tributario para el sector salud en el corto plazo, pasando de $0,6 a $0,9 billones en 2016-2017 (+46% anual); y ii) reducir el número de fumadores, estimándose su descenso de 3,3 a 2,8 millones en 2016-2017 (-15% anual).

Estudios recientes indican que cerca de 25% de la comercialización de cigarrillos-tabaco en el país se realizó de forma ilegal en 2018 (vs. 13% en 2016). Es más, cerca de 90% de los consumidores de cigarrillo-tabaco ilegal los prefiere por su bajo precio (casi 50% más económicos). Estas cifras indican la urgencia de reforzar esta lucha anticontrabando, pues drena los recursos del Estado, pero, más grave aun, envenena de la misma forma los pulmones de los fumadores.

La lucha contra el alcoholismo

Actualmente se recauda para la salud de los departamentos más de $1 billón a través de impuestos a los licores. Con la Ley de Licores (Ley 1816 de 2016) se le adicionó al componente específico del impuesto (de $150-$220 por cada grado de alcohol) uno ad valorem (de 20%-25% sobre el precio de venta al público). De esta manera, la sobretasa al consumo de licores es cercana a 30%. Este tipo de ajustes se realizó dentro de los acuerdos de Colombia para ingresar a la Ocde, equiparando las cargas entre los licores nacionales y los importados. A esto se han unido campañas de endurecimiento en las sanciones por conducción de vehículos bajo efectos del alcohol.

El caso de las BA

Los avances más recientes en materia de impuestos saludables en el país se han dado en el frente de las BA. El primer intento por introducir un impuesto a las BA en Colombia se dio con el Proyecto de Ley 1819 de 2016, pero la iniciativa no tuvo éxito. La Administración Duque sí logro lo que Santos II no había podido, al adoptar el cobro de IVA-plurifásico a BA y también a las cervezas.

Caso de la comida chatarra

Se proyecta que hacia 2050 la incidencia de la obesidad alcanzará un 35% de la población de América Latina, por eso mismo, el gobierno deberá tomar acciones más decididas para el control- disuasión de enfermedades crónicas (no terminales), que resultan particularmente onerosas para el fisco.