En 2018-2019, se venía impulsando la torpe idea de profundizar el recaudo por “la puerta de atrás” al colgar mayores exigencias en las contribuciones atadas a la seguridad social. En particular, se discutió cómo elevar el Ingreso Base de Cotización (IBC) de 25 SML (unos $25 millones/mes) hacia los 45 SML ($45 millones/mes), pero sin que el beneficio pensional pudiera superar los 25 SML. En su momento rechazamos esa idea bajo la elemental lógica de que con ello se espantaban las ganancias en formalidad laboral que se estaban logrando al atraer a contribuyentes independientes. Hacia el mediano plazo, lo que impulsa la formalización es la eliminación de cargas que representan “impuestos puros” (en el sentido analítico propuesto por Martin Feldstein desde 1975).

Tal propuesta era un escalamiento de la errada estrategia de la Ugpp del Mhcp que trataba las ganancias provenientes de capital como parte de los ingresos (¿laborales?) a la hora de tasar obligaciones de seguridad social, así fuera evidente que dichos ingresos poco o nada tenían que ver con la actividad laboral. Por esta vía terminaban vinculándose al pago muchas personas que ni siquiera hacían parte de la población económicamente activa. Todo ello constituía un ardid bajo la forma de un impuesto patrimonial escondido (aun antes de que llegara Petro en 2022). Curiosamente, ningún abogado ha demandado los decretos de la Ugpp-Mhcp invocando el elemental principio de que se está violando la fuente de tributación como base pertinente del pago.

Esa idea de la Ugpp era tan descabellada como si MinTransporte resultara cobrando peaje a quienes transitan en bicicleta (que ni contaminan ni desgastan las vías). ¿Y qué tienen que ver los réditos accionarios con los pagos a la salud? Qué bueno sería que alguno de los técnicos del Mhcp-DNP les explicara a sus superiores la violación de principios económicos básicos en materia de tributación.

La idea de aplicar contribuciones colgadas a la seguridad social, a manera de “impuestos puros”, contiene dos fallas garrafales: 1) espanta del sistema a todos los independientes (los contratistas se sumergen en la franja inferior a dos SML), y 2) se usa como argumento para entrar a gravar futuras pensiones, desconociendo que solo 25% de los cotizantes lo hace todos los meses (ver cuadro adjunto).

En efecto, con un tope de 25 SML en las contribuciones de independientes, y con estos teniendo que aportar el equivalente a 30% de sus ingresos al sistema de seguridad social (sobre 40% del IBC), se generan serias cargas que operan como “impuestos puros”, que llegan a un significativo 16% de dichos pagos.

El cálculo de pagos en valores absolutos ayuda a ilustrar lo errado de continuar usando dichas contribuciones como un instrumento tributario. A pesos de 2022, un independiente debía destinar a la seguridad social el equivalente a 30% de su IBC, digamos, de $25 millones/mes. Esto implicaba drenar su ingreso disponible en significativos $7,5 millones/mes. De ellos, es fácil identificar que cinco de esos 30 puntos correspondían a “impuestos puros”; es decir, el independiente siente que “paga impuestos”, y no seguridad social, por el equivalente a $1,25 millones/mes ($15 millones al año). Si dicho IBC se llevara a 45 SML, los valores de contribución se elevarían entonces a $13,5 millones/mes y el “impuesto puro” llegaría a $2,25 millones/mes ($27 millones/año, prácticamente el doble).

¿Y en MinTrabajo y la Ugpp-Mhcp se preguntaban ingenuamente la razón por la cual el grueso de esos hogares prefería sumergirse en la informalidad?

Además, debe tomarse en consideración la progresividad tributaria que se viene experimentando en Colombia para asalariados e independientes de altos ingresos, desde la aprobación de la Ley 1607 de 2012. En efecto, con una remuneración de $5 millones/mes (equivalente a casi cuatro veces el promedio nacional), un trabajador independiente debe destinar 11,4% de su ingreso bruto a la seguridad social. Esta tasa efectiva se habría incrementado a 15,7% (+4,3 pps) de aprobarse la elevación de su IBC de 40% a 55%, lo cual también se estuvo explorando.

Más aún, en el caso de la franja de ingresos altos ($10 millones a $35 millones/mes) se tiene actualmente un imporrenta de 5% a 14%. Luego, al computar el doble efecto de los aportes a la seguridad social (sobre bases de 55% del ingreso) con dichos impuestos, resulta que las entradas brutas se verían mermadas entre 21% y 31% en esta franja.

Siempre resulta conveniente que los gobiernos, antes de hacer este tipo de propuestas, realicen las matemáticas básicas para dimensionar su impacto sobre el ingreso disponible de los hogares (que tanto dicen defender). Lo que ahora corresponde hacer es controlar los reajustes del SML, para evitar que las Pymes se vean forzadas a incrementar la informalidad laboral.

El reajuste del SML para 2027 no debería superar 8% nominal. La inflación cerrará alrededor de 7% en 2026 y los cálculos preliminares de productividad laboral la sitúan entre 0,5% y 1%, suponiendo que el PIB real crece 2,5% en 2026 y que el empleo mantiene una expansión promedio cercana a 2% anual.

Cabe recordarle a la administración Adle-Restrepo que Colombia ha experimentado una preocupante expansión de la brecha entre la productividad y el costo salarial real tras el nefasto petrismo de 2022-2026 (ver S. Clavijo, 2026, “Min-Wage…”, Ssrn).