Los datos del PIB-real del primer semestre en Colombia nos indican que la actividad económica continuo en 2024 al mismo ritmo de expansión de 1,5% anual de un año atrás. Esto implicó una demanda interna postrada creciendo a solo 0,6% anual, mientras que el sector externo mostraba una marcada contracción de las importaciones (-4,2% anual) y moderada expansión de las exportaciones (+3,2%).

Y al interior de la demanda agregada, se mantuvo una formación bruta de capital en el plano negativo (-2%) y mostrando una preocupante declinación de la relación Inversión/PIB hacia 17%. Esta cifra está lejos del requerido apalancamiento del 23% que le permitía al PIB-real del país crecer al menos a 3% anual, como en quinquenios anteriores.

Este lánguido crecimiento ha empezado a permear el aceptable comportamiento que había mostrado el mercado laboral en 2023 al promediar un desempleo de 10,2%. El deterioro relativo del mercado laboral durante mayo-julio de 2024 hace prever que el desempleo estará regresando a promedios de 10,5% anual. De hecho, estos niveles de desempleo podrían ser aún más elevados si llegara a aprobarse la reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso.

Como bien sabe, se trataba de un mejoramiento laboral efímero al estar apoyado en excesos de gasto público. Al tenerse en 2024 una caída del recaudo cercana a 3 puntos del PIB respecto del PGN-2024, resultará imposible continuar con la idea de mantener el gasto público en niveles superiores a 23% del PIB observado en 2023. Y la idea del gobierno de allegar nueva tributación por cerca de 1% del PIB para sostener esos niveles de gasto luce claramente inconveniente y contradictoria respecto de los supuestos llamados a “la reactivación de la economía” en este 2024.

La inflación, afortunadamente, ha continuado cediendo y al corte de agosto-2024 se ubicaba en 6,1% anual y la inflación subyacente (sin alimentos) descendió hacia 6,5% anual. Si bien ello representa un alivio frente a 9,3% de inflación total en 2023 (o 10% en la subyacente), cabe esperar una inflación de 5,5% en 2024 y una subyacente cerrando en 6.2%.

No obstante, estos registros de inflación en Colombia continuarían siendo poco satisfactorios y, además, será el cuarto año consecutivo de pérdida de la meta de inflación. Pero apretando más la postura monetaria poco se ganará en el corto plazo respecto de 5,5% de inflación pronosticada; en cambio, sí se corre el riesgo de continuar debilitando la demanda agregada en el cierre de año y de cara a 2025 para el cual se pronostica una ligera recuperación hacia crecimientos del PIB-real de 2,5%.

Decíamos recientemente, que el marco jerárquico de operación de la inflación-objetivo del BR nos indica que se tiene todavía un exagerado apretón monetario en Colombia. El gráfico adjunto ilustra cómo durante el prolongado periodo febrero-septiembre de 2024 hemos experimentado una “sobredosis” de apretón monetario de 200 a 260 pbs respecto de la meta de tenerse una repo-real-core cercana a 2% (repo-real-activa).

Esto implica que, a la altura de marzo-2024, el BR hubiera podido reducir su tasa repo nominal hacia 10,5%, en vez de haberse tenido 12,25% observado. Y, a la altura de septiembre-2024, la tasa repo ha debido estar más cerca de 8,5% que de 10,75% (adoptado a finales de agosto por votación 5 contra 2).

Teníamos la esperanza de que dicha “sobredosis” de apretón monetario se hubiera continuado reduciendo por debajo de los 200 pbs que se observaron en julio-2024. Sin embargo, la aceleración en la reducción de la inflación-core, pasando de 7,2% anual en julio hacia el esperado 6,2% en septiembre, estaría indicando que la “sobredosis” de apretón monetario se estaría elevando innecesariamente hacia los 260 pbs.

Cabe reconocer que todavía se tiene alta incertidumbre sobre el impacto que habría causado el paro camionero de inicios de septiembre sobre la inflación del periodo septiembre-diciembre de 2024. De una parte, se encarecieron los alimentos y hubo escasez de combustible. Pero, de otra parte, se tiene que las perspectivas de reajuste del Acpm se han reducido a solo 40% del programa fiscal, el cual acertaba al buscar cerrar la brecha de subsidios hacia mediados de 2025.

En este frente energético y de los combustibles se ha tenido un doble infortunio. De una parte, desde el inicio de la Administración Petro, se adoptaron políticas de postergación de urgentes reajustes, tanto en tarifas de energía eléctrica, en peajes y en el precio del Acpm. Tan solo se enfrentó adecuadamente el reajuste en el precio de la gasolina y hoy, afortunadamente, se han pagado los atrasos al fondo de combustibles en este componente de gasolina.

Pero el componente de Acpm se convirtió en una bola de nieve fiscal que representa gastos por cubrir de casi 3% del PIB. Y, además, se cometió el error de entrar a cuestionar los cobros por disponibilidad energética y las partidas presupuestales de las vigencias futuras que apoyan los flujos de caja que hicieron posible la construcción de las vías. Así, el populismo energético de Petro se volvió en su contra y continuará representando un serio obstáculo para reequilibrar los precios relativos que resulten compatibles con el (verdadero) recalentamiento global.