Durante los últimos cuatro años, pero con especial intensidad en 2017, se ha experimentado una masiva inmigración de venezolanos hacia Colombia. Aunque no existe una cifra exacta sobre el número de dichos inmigrantes, la oficina de Migración Colombia ha estimado que serían unas 800.000 personas.

De ese total, se calcula que unas 520.000 personas (65%) podrían permanecer en Colombia a través del “Permiso Especial de Permanencia”, lo cual las habilitaría para solicitar la expedición de su cédula de extranjería. Los restantes 280.000 inmigrantes (35%) corresponden a una “población flotante”, que bien podría estar de paso hacia el sur del continente o pensando en regresar en algún momento a Venezuela. Muchos de estos inmigrantes tienen lazos de origen con Colombia, pues se habían ido para Venezuela en décadas anteriores en busca de mejores oportunidades, o son ciudadanos colombo-venezolanos. Infortunadamente, aún no hay estimaciones precisas a este respecto.

Esta masiva inmigración de venezolanos tiene múltiples explicaciones, destacándose las siguientes: i) escasez de alimentos en Venezuela (estimándose que la pérdida de peso per cápita ha sido de unos 11kg, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela); ii) una drástica contracción de sus ingresos (pues el PIB-real ha perdido cerca de 50% de su valor durante el último quinquenio); y iii) la carencia de oportunidades de empleo, ya que su sector petrolero ha bajado su producción de casi 3 millones de barriles por día (bpd) a 2 millones bpd. Actualmente, el FMI estima que la inflación ha llegado a ritmos del 653% acumulado año (equivalente 54% mensual), superando así la definición de 50% mensual equivalente a la hiperinflación alemana de principios del siglo XX, lo cual ha elevado los niveles de pobreza de 28% hacia cerca de 85% en la última década.

En esta nota analizaremos las implicaciones que todo esto está teniendo para Colombia, particularmente en los frentes de: i) seguridad ciudadana, donde se ha visto participación creciente de dichos inmigrantes en atracos y hasta en actos terroristas (relacionados con la guerrilla del ELN); ii) presiones sobre el mercado laboral de Colombia, incrementando su oferta en el mercado legal e ilegal, con deterioro para los salarios de los colombianos, especialmente en tareas agrícolas y en áreas de frontera; y iii) requerimiento de servicios de salud, pues esa población de inmigrantes viene desnutrida y proclive a enfermedades epidémicas (reviviendo brotes hasta de sarampión).

Las amenazas sobre la seguridad ciudadana

Colombia se benefició de mayor seguridad ciudadana durante el prolongado período de negociaciones de paz (2012-2016), gracias a la tregua bilateral con la guerrilla de las Farc, y también a que el gobierno cohonestó con la expansión soterrada del narcotráfico (especialmente en las zonas del Catatumbo en la frontera con Venezuela, y en Cauca y Nariño, cerca de Ecuador).

Por ejemplo, el número de atentados a la infraestructura cayó de manera pronunciada, pasando de 405 en el pico de 2013 a “tan solo” 67 en 2017. Por otro lado, en materia de homicidios y secuestros también se han observado reducciones importantes. Colombia pasó de registrar tasas cercanas a los 70 homicidios (por cada 100.000 habitantes) en el año 2000 a “solo” 25 homicidios en el año 2017 (ver gráfico 1). De forma similar, la tasa de secuestros ha caído de 9 a 0.4 secuestros durante ese mismo período de 2000-2017. Gran parte de esas mejoras (especialmente en los últimos años) obedece al “desescalamiento” del conflicto con las Farc (ver Informe Semanal No. 1335 de octubre de 2016).

Sin embargo, recientemente se ha tenido deterioro en estos frentes. Por ejemplo, en enero de 2017 se registraron 7 atentados a la infraestructura del país, pero esa cifra se duplicó en enero de 2018, ascendiendo hasta 14 atentados (perpetrados por el ELN). Asimismo, los homicidios aumentaron cerca del 5% en el mismo período, al pasar de 1.051 homicidios en enero de 2017 a 1.105 homicidios en enero de 2018. Además, recordemos que la ONU ha venido alertando sobre el marcado incremento que han tenido los cultivos ilícitos en el país, pasando de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 en 2016 (y hacia 188.000 hectáreas en 2017, según el Departamento de Estado norteamericano).

Aunque este deterioro no es directamente atribuible al fenómeno de inmigración venezolana, es innegable la presión social que representa su concomitante ocurrencia con el escalamiento de la tasa de desempleo del 8.9% hacia el 9.4% (promedio año) durante 2015- 2018. Son miles de personas que afectan el diario quehacer de muchas zonas fronterizas, instalándose en parques y andenes, deteriorando la seguridad y el tránsito ciudadano. Se tiene alguna evidencia de mayor reclutamiento de narcotraficantes y de la guerrilla del ELN ante esa necesitada población.

En el frente del mercado laboral

Colombia tiene estructuralmente en promedio unos 2.4 millones de personas buscando empleo y que no lo encuentran, luego un adicional cercano a los 250.000 oferentes (que pudieran quedarse en Colombia) claramente deteriora la seguridad ciudadana y las perspectivas de ingresos laborales en los estratos más bajos. Por ejemplo, la tasa de desempleo de la ciudad fronteriza de Cúcuta ha estado bordeando el 16% frente al promedio nacional del 9.4%. Anif se ha puesto en la tarea de estimar dicho impacto bajo diferentes escenarios: i) el número de venezolanos buscando trabajo en Colombia oscila entre 200.000 y 600.000; y ii) la probabilidad de contratación puede ser, digamos, del 20% o del 50%. Bajo el escenario de una tasa de contratación del 50% de los venezolanos que buscan empleo, nuestros cálculos sugieren que el aumento en la tasa de desempleo oscilaría entre 0.3 puntos porcentuales-pp (contratando 100.000 de 200.000 venezolanos) y 1pp (si contrataran 300.000 de 600.000 ofrecidos), ver cuadro 1. Ahora bien, si consideráramos que la probabilidad de contratación es tan solo del 20%, el incremento en la tasa de desempleo alcanzaría el rango entre un deterioro de 0.6pp hasta 1.7pp en el desempleo nacional. Esto significa que la tasa de desempleo nacional podría ascender del 9.4% actual (promedio año) hacia el rango del 10% al 11%, en función de la mayor oferta de los inmigrantes y de su tasa de contratación.

De otra parte, esta creciente fuerza laboral eleva la informalidad en Colombia (por las razones arriba explicadas). Para estimar este efecto hemos considerado dos posibilidades: i) un 25% de los venezolanos que llega es contratado de manera formal; o ii) tan solo un 10% de estos inmigrantes es formal. Así, si solo el 25% de la nueva fuerza laboral fuera formal, nuestras estimaciones sugieren que la formalidad se reduciría entre 0.1pp (200.000 venezolanos llegando y 50.000 contratados formalmente) y 0.4pp (600.000 venezolanos llegando y 150.000 contratados formalmente). Por su parte, si apenas el 10% de los venezolanos entrara al sector formal, la caída de la formalidad estaría en el rango 0.3-0.8pp. Lo anterior implica que la formalidad podría caer desde el 42.9% de la PEA observado al cierre de 2017 hasta el 42%-42.5% en los próximos años, deteniéndose las ganancias logradas con la Ley 1607 de 2012 y la propia gestión de la UGPP (ver Comentario Económico del Día 7 de marzo de 2018). Ahora bien, dado que la formalidad laboral de cotizaciones 12 meses al PILA tan solo representa un 15% de la PEA, ese valor seguramente no se vería afectado, pero el valor promedio del 27% actual sí podría deteriorarse (ver Comentario Económico del Día 21 de marzo de 2018).

Requerimientos en servicios de salud

La masiva inmigración de venezolanos representa un costo para el fisco colombiano en términos de mayores requerimientos de servicios de salud. Recordemos que la Ley Estatutaria en Salud (Ley 1751 de 2015) estableció la atención ilimitada en urgencias (sin la exigencia de un pago previo) y la atención integral (incluyendo provisión de medicamentos) cuando el paciente no esté en facultad de asumir los costos. Ello significa que las IPS están en la obligación de atender a los venezolanos que lleguen requiriendo servicios, así no puedan pagarlos. Hemos estimado estos mayores costos bajo dos escenarios: i) la llegada de inmigrantes está en el rango 200.000-600.000 personas; y ii) el costo de atender a cada paciente puede ser la mitad de una Unidad do ($359.845/persona en 2018) o la totalidad de esta UPC ($719.690/persona). Así, nuestros cálculos sugieren que si se tratara de unos 200.000 inmigrantes a ser atendidos por el sistema de salud, a un costo de la mitad de la UPC, ello representaría unos $72.000 millones/año (0.007% del PIB adicional), ver cuadro 2. Pero si el costo que cada uno de estos pacientes fuera igual a la UPC, el gasto adicional sería de $144.000 millones (0.01% del PIB). Si se tratara de 600.000 venezolanos, el costo ascendería a $216.000 millones (0.02% del PIB) tasado a mitad de la UPC o de $432.000 millones (0.04% del PIB) tasado a UPC completa. Estas mayores presiones de gastos en salud vienen a agravar la precaria situación financiera del Ministerio de Salud.

¿Qué hacer frente a esta crisis generada por inmigrantes venezolanos? (a manera de conclusión)

Hemos visto cómo la llegada de inmigrantes venezolanos a Colombia, huyendo de la difícil situación por la que atraviesa su país, tiene efectos considerables principalmente en tres frentes: i) deterioro en la seguridad ciudadana; ii) mayores presiones sobre nuestro mercado laboral (pudiendo elevar la actual tasa de desempleo del 9.4% hacia un 10%-11% en promedio-año); y iii) mayores requerimientos de servicios en salud (pudiendo incrementar sus presupuestos entre $72.000 millones a $432.000 millones/año). Lo anterior implica buscar soluciones rápidas y significativas. Para empezar, es fundamental tener una buena medición del número y composición de los inmigrantes venezolanos. En este sentido, Anif hace un llamado al Dane y a la Cancillería-Migración Colombia para que mejoren sus sistemas de conteo. Una forma de lograrlo es poner como condición sine qua non la provisión de información valedera a cambio de los servicios que les estamos dando.

Con base en dicha información, sería más fácil organizar el portafolio de solicitudes de apoyo ante Naciones Unidas y, bilateralmente, con Estados Unidos y España, países con recursos y gran experiencia en este tipo de manejos.

Recientemente, la ONU manifestó su voluntad de ayudarle a Colombia a resolver la situación alimentaria de los inmigrantes. El director del Programa Mundial de Alimentos mencionó que hará una visita al país para observar lo que está sucediendo y, así, armar un plan de acción y conseguir los donantes necesarios. Esto es muy valioso y debemos movernos de forma expedita.

Por último, Colombia requiere adecuar su mercado laboral ante este choque externo. Es necesario lograr: i) un inventario de su capital humano; y ii) mucha mejor organización migratoria. Por ejemplo, según los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif, cerca del 25%-30% de los empresarios Pyme industriales, comerciales y de servicios contrataría inmigrantes siempre que sus requisitos migratorios estuvieran en regla. Asimismo, entre el 20% y el 25% de los empresarios afirmó que los contrataría si tuvieran la capacitación requerida (ver Comentario Económico del Día 29 de enero de 2018). Por ello, es urgente que el Gobierno Nacional se concentre en labores como: i) la agilización de trámites migratorios (incentivando la formalización laboral); ii) el fortalecimiento de las actividades de capacitación (por ejemplo, a través del Sena); y iii) un choque salarial temporal que, por ejemplo, reduzca el salario de contratación para este grupo poblacional por dos años (como ya se hizo en el caso de los aprendices, según la Ley 789 de 2002)