Recordemos que en las últimas tres décadas se han dado dos grandes “oleadas” de privatizaciones en el mundo desarrollado: la primera, en la década de los ochentas, liderada por los Estados Unidos (bajo la Administración Reagan) y Gran Bretaña (Thatcher), enajenando empresas de servicios públicos, telecomunicaciones y transporte. Este proceso tuvo el doble logro de debilitar burocracias sindicales y mejorar la gestión de dichos activos por parte del sector privado. Una segunda oleada de privatizaciones ocurrió durante la década de los años noventa, cuando los nacientes Estados de Europa Central se deshacían de sus ineficientes empresas públicas, incluyendo a la propia Rusia, tras la caída del muro de Berlín en 1989.  

Sin embargo, en años recientes dicho proceso de privatizaciones se ha estancado y, de hecho, lo que se ha observado es una expansión de la propiedad pública. Esto como resultado de los salvamento frente a la crisis de Europa (especialmente en Grecia, Irlanda y Portugal), representando incrementos en activos públicos de unos 2%-3% del PIB en el conjunto de las economías desarrolladas.

Lo que ahora se debería estar discutiendo a profundidad es la conveniencia de una nueva “oleada” de privatizaciones. Ello tendría la doble virtud de allegar recursos frescos para compensar la caída tributaria (de forma temporal) y, además, mejorar la eficiencia de sus economías mediante la aplicación de know-how y capital privado. Estimaciones recientes sugieren que el mundo desarrollado cuenta con activos sujetos de privatizaciones por el equivalente a 75% del PIB.  

Esta discusión resulta muy pertinente en el caso de Colombia, donde si bien no se tienen stocks de deuda pública muy abultados (42% del PIB en el Consolidado Público), sí se avizoran gastos contingentes importantes en materia de seguridad social (salud-pensiones) y en obras de infraestructura. A este respecto, cabe mencionar que Anif ha venido repicando sobre la importancia de sustituir activos públicos (en su mayoría energéticos) por activos de infraestructura. Todo ello, con miras a mejorar la competitividad del sector privado mediante la dotación de bienes públicos de infraestructura que el sector privado no está en capacidad de proveer.  Se trata de sustituir “activos energéticos” por “activos de infraestructura pública” con el fin de propulsar la productividad del país.

El caso más reciente de privatizaciones en el país ha sido la segunda ronda de la enajenación de Isagen. Allí, la Administración Santos ha buscado, con buen tino, enajenar su participación restante (58%), con miras a aplicar dichos recursos (alrededor de $5 billones) a la red de infraestructura de cuarta generación (4G), la cual estaría requiriendo inversiones totales por cerca de $47 billones. 

Durante el mes de enero de 2014 se surtió la primera etapa de dicha enajenación, en donde el sector solidario tan sólo tuvo una participación marginal (pujando por sólo 0,1% de la propiedad de la empresa). Se tiene previsto que la adjudicación de la participación restante se ejecute durante marzo-mayo, donde importantes empresas domésticas e internacionales han dejado ver su interés, aunque ha sorprendido que potenciales postulantes del sector privado local hubieran concluido que los llamados “múltiplos” de Isagen lucían algo costosos.

Lo más importante de este proceso es que se asegure la aplicación de estos recursos a las obras de infraestructura 4G. Para esto se ha creado el llamado Fondo de Desarrollo Nacional (Fondes), el cual permitirá apalancar las actividades de la recién creada Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Dicho Fondes estará proveyendo créditos a largo plazo por $1,6 billones en las primeras 9 concesiones 4G (con inversiones totales por cerca de $10 billones). El restante de los recursos provendría de la banca multilateral ($2 billones) y de la banca comercial (los restantes $6,4 billones).

Aunque todo este andamiaje financiero luce adecuado, prevalece un obstáculo en cabeza de las restricciones presupuestales impuestas por la Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011). Dicha regla fue aprobada sin incluir “cláusulas de oro” que permitieran acomodar presupuestalmente los recursos necesarios para realizar dichas obras de infraestructura.  De hecho, las cuentas fiscales lucen ajustadas y las vigencias futuras están agotando el margen de maniobra presupuestal al copar ya unos $63 billones (8,8% del PIB en VPN).