Este cierre de 2017 ha estado cifrado por malas noticias en el frente económico de Colombia y por un candente debate relacionado con el blindaje del proceso de paz que se esperaba otorgaría la Corte Constitucional, de una parte, y la preocupante expansión del narcotráfico en Colombia, de otra parte.

En el frente económico, las expectativas de rebote del segundo semestre se han visto empañadas por marcadas debilidades en la industria (mostrando todavía contracciones de -1% anual a septiembre) y el comercio (-0,2%). Así, el Dane acaba de revelar que el tercer trimestre tan solo se expandió a un ritmo de 2% anual (vs. nuestra expectativa de 2,7%). En el acumulado a septiembre la economía tan solo crece al 1,5% anual y difícilmente superará 1,8% en 2017 (como un todo); es decir, “no hubo el tal Colombia repunta”, pues en 2016 se había crecido 2%.

Esto implica que en la era del posconflicto (2017-2018) también enfrentaremos un desafiante repunte del desempleo, bordeando actualmente 9,7% en el acumulado año a septiembre (+0,1 pp respecto de hace un año) y un 10,9% a nivel urbano (+0,7 pp). Anif pronostica un leve rebote del crecimiento hacia 2,3% en 2018, pero con un desempleo mostrando histéresis a niveles de 9,4% (en promedio año).

Claramente, estas no son buenas noticias económicas para cimentar la paz en Colombia y lo preocupante es que a nivel institucional el descuaderne luce mayúsculo. Por ejemplo, la administración Santos se la había jugado inicialmente (2014-2015) por un referendo que, a través de preguntas concretas, buscaba elevar los mecanismos de negociación y de instrumentación de la paz a nivel de mandatos Constitucionales. Fracasada esa estrategia por razones bien conocidas, el Gobierno viró hacia el mecanismo de un plebiscito, pero este resultó de muy dudosa ortografía constitucional, y, para colmo de males, no obtuvo las esperadas mayorías, perdiéndolas por margen inferior a 1%.

Los asesores jurídicos del Gobierno lo metieron en la fantasía de un hipotético “Acuerdo Internacional” que sobrepondría lo negociado en La Habana a la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional (por unanimidad) acaba de concluir que ese mecanismo era inexequible y procedió entonces “salomónicamente” a ratificar que las Leyes que soportan el proceso de paz deberán cumplirse (como todas las leyes), mientras estén vigentes. Así, el blindaje Constitucional del proceso de paz será grueso o delgadito en función de cómo lo quiera instrumentar la administración del período 2018-2022.

Lo sorprendente es que la Corte no hubiera encontrado viciado el mecanismo de repetidas reformas constitucionales por la vía rápida (fast-track), pues uno supondría que se hubiera requerido una Constituyente para haber alterado (ni más ni menos) la forma en que se modifica la Constitución.

Pero, después de todos estos ires y venires jurídicos, lo que muchos ciudadanos queremos es que el proceso de paz avance y que se instituya una JEP que funcione sin impunidad y cumpliendo con los mandatos de la Corte Penal Internacional.

Pero lo verdaderamente preocupante es la ausencia de voluntad de “punto final” y arrepentimiento de la delincuencia; continúa la expansión del narcotráfico (ahora a niveles de 180.000 has., triplicándose en los últimos tres años); no han entregado las Farc sus activos financieros; y se continúan dando gabelas institucionales para que “por favor” dejen de cultivar estupefacientes. En esto han sido bastante ingenuos los economistas que concluyen que la aspersión no es el camino (a pesar de que recientemente la OMS aclaró que el glifosato no es cancerígeno, aunque es claro que afecta otros cultivos lícitos); ellos concluyen que la erradicación debe hacerse por vía voluntaria. Pero si no existen vías secundarias-terciarias que hagan rentables otros cultivos lícitos, no existen títulos de propiedad y no existe crédito, pues los “incentivos económicos” apuntan todos a continuar con la expansión del narcotráfico.