Mientras nuestra Carta Política-1991 ha cumplido ya 32 años y ha probado ser exitosa en múltiples frentes, vecinos como Chile y Perú buscan en nuevas Constituciones soluciones a problemas que ellos mismos venían solucionando, con cierto grado de aceptabilidad durante las dos últimas décadas.

La desorientación de Chile es particularmente preocupante tras el rechazo, por casi dos terceras partes de los votantes (septiembre de 2021), a su nueva Constitución. Dicho proyecto había perdido su norte, dándole desmedido empoderamiento a regiones y minorías étnicas. En el caso del Perú, y tras repetidas crisis presidenciales, “el pueblo” quería seguir la trayectoria de Chile al intentar “refundarse” tras la salida de Castillo. Pero ahora parecen haber reflexionado y se ha postergado el llamado a elección presidencial, intentando buscar nuevos liderazgos que eviten los riesgos de las reformas constitucionales.

La mala noticia para Chile y Perú es que el debilitamiento de sus economías estará afectando negativamente el progreso social que se había alcanzado en décadas recientes. Chile había logrado reducir la pobreza a un dígito y su coeficiente de desigualdad (Gini-ingresos) de 0,53 a 0,46. Pero ahora se perfila hacia lentos crecimientos, promediando solo 1% anual durante 2022-2024 (estimado). Esto implicará continuar elevando su relación Deuda Pública/PIB hacia 45% respecto de 30% que mostraba una década atrás.

En el caso de Perú los avances eran de menor calado, pero aun así significativos al reducir la pobreza de 59% a 22% durante el periodo 2000-2019 y su Gini-ingresos de 0,50 a 0,43, con crecimientos sostenidos cercanos a 4% anual. El riesgo prospectivo es que la atracción del capital extranjero ahora se reduzca y que ello frene la exitosa carrera de diversificación exportadora, donde el componente agro-industrial ya bordeaba 6% del PIB.

En el caso de Colombia, decíamos que nuestra Carta-1991 tan solo acaba de cumplir tres décadas, mientras la anterior nos había durado un siglo. Mi balance sectorial de lo alcanzado por ella ha sido: i) bastante positivo en lo relacionado con los entes-autónomos (Banco Central, Autoridades de Servicios Públicos como energía-aguas); ii) aceptable en lo referido a los servicios de salud y el proceso de descentralización; y iii) bastante pobre en lo que tiene que ver con la rama judicial y la educación-pública (ver Clavijo, 2015, “Avances Institucionales”).

Esta buena plantilla de la Carta-1991 debe poderse aprovechar de mejor manera a través de volver sostenible el incremento del recaudo de 14% hacia 17% del PIB (recientemente alcanzado) y focalizando de mejor manera los recursos hacia los más necesitados. Vale la pena tomar conciencia sobre cómo veníamos en los diferentes aspectos durante 2000-2019 (antes de la pandemia) y evaluar los desafíos del periodo 2024-2026, que lucen demandantes.

Macro-Estabilidad. Si la medimos a través de la simple métrica del “índice de sufrimiento macroeconómico” ( = Desempleo + Inflación - Crecimiento), en el cuadro adjunto se observa que Colombia había logrado reducirlo del 16% hacia 11% durante 2000-2019. Sin embargo, este índice se ha deteriorado hacia 22% en 2023 por cuenta de la aceleración de la inflación hacia 13% (promedio año), mantenerse un elevado desempleo promediando 10% y un lánguido crecimiento de 1%, tanto en 2023 como en 2024 (según proyecciones de relativo consenso).

Lucha contra la pobreza. Allí mismo se observa que Colombia había ganado mucho en este frente al reducirse de 45% hacia 35% la pobreza monetaria durante 2000-2019, en línea con lo ganado en el resto de América Latina. Sin embargo, todavía estábamos lejos de alcanzar los progresos de Chile al haberse reducido allí su pobreza a solo 10%. El impacto de la pandemia-covid sobre la pobreza-monetaria ha sido grande al haberla elevado a 43% en 2020 en Colombia y esta probablemente estará cerca de 38% en 2023. Esto implicaría mantenernos todavía por encima del nivel de pobreza de 35% que teníamos en prepandemia.

Ascenso de la clase media ampliada. Esta había llegado a representar 63% de la población en 2019 (incluyendo allí la porción vulnerable de 38%). La clase media propiamente dicha se había elevado de 15% a 25% durante 2000-2019, pero seguramente esta habría caído hacia 20% durante 2022-2023. Esto implica que, en su versión ampliada, la clase media habría descendido de 63% hacia 54% por efecto pos-covid. Contener este descenso es uno de los retos más grandes que tendrá la Administración Petro durante 2024-2026.

Reducción de la desigualdad. Por último, tenemos el coeficiente Gini-ingresos que había logrado reducirse, pero solo marginalmente de 0,55 hacia 0,53 en las dos décadas anteriores. Pero este escaló hacia 0,54 en 2020 por cuenta de la pandemia y solo estaría reduciéndose nuevamente hacia 0,52 en 2022-2023.

Aquí la buena noticia es que la mayor progresividad impositiva y la mejor aplicación de subsidios pro-pobres han venido reduciendo el Gini en cerca 0,03 adicionales tras la intervención Estatal, lo cual constituye un buen aliciente para continuar con dicha progresividad y mejor focalización del gasto social (ver Baquero et. al. 2023 “Revisiting…” World Bank WP # 10520).